La supuesta muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», dejó más dudas que certezas entre periodistas y analistas que…
La supuesta muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», dejó más dudas que certezas entre periodistas y analistas que participaron en una edición especial de La Conversa con la Luz. Durante el programa, coincidieron en que la opacidad alrededor del operativo en La Claritas, estado Bolívar, impide verificar lo ocurrido y, además, habría privado a Estados Unidos de una posible pieza clave en el juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo.
Un anuncio de Trump que abrió interrogantes
El pasado viernes 12 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su cuenta de Truth Social que las Fuerzas Armadas de su país, en una acción conjunta con el gobierno venezolano, mataron al jefe de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en la población de La Claritas, en el estado Bolívar.
Trump describió la operación, ejecutada por el Comando Sur estadounidense con apoyo venezolano, como un ataque «cinético, rápido y letal».
La versión de Ronna Rísquez sobre el valor de Guerrero Flores
Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga y autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado, sostuvo que, si lo que se buscaba era justicia, lo correcto habría sido capturar a Guerrero Flores y no eliminarlo.
La periodista recordó que el líder del Tren de Aragua figura en la misma causa que se sigue en Estados Unidos contra Maduro por terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado y empleo de armamento de guerra.
Según Rísquez, Guerrero Flores pudo haber comparecido ante el tribunal estadounidense para hablar sobre la presunta relación entre Maduro y el Tren de Aragua, a quien la administración Trump señala como el verdadero jefe de esa estructura criminal.
También señaló que el cabecilla habría podido aportar información sobre las operaciones de la banda fuera de Venezuela, en especial en Chile, donde el grupo ha sido vinculado con el asesinato del teniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda, el 21 de febrero de 2024, además de ser requerido por secuestro, extorsión, homicidio y trata de personas.
Rísquez agregó que habría resultado relevante conocer cómo el Tren de Aragua operó durante años en la cárcel de Tocorón, en Aragua, y luego extendió células a varios países, todo ello, dijo, ante la mirada de las autoridades venezolanas.
Señalamientos sobre su presunta presencia en Bolívar
Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, indicó que el fiscal chileno Héctor Barros había referido información según la cual Guerrero Flores se encontraba operando en el estado Bolívar.
La propia Rísquez añadió que autoridades brasileñas también presumían su presencia en esa zona, debido a la posibilidad de que eventualmente se trasladara al país vecino por razones de seguridad.
Control criminal en el Arco Minero
César Batiz, director de El Pitazo, explicó que la intervención de Tocorón ocurrió en 2023 y afirmó que el dominio delictivo en Las Claritas y el Kilómetro 88 estuvo primero en manos de alias «Juancho» y luego de Yohan José Romero, alias «Johan Petrica», así como de Giovanni Vicente Mosquera. Añadió que en otra zona opera Fabio.
Batiz también sostuvo que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, le dio a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la orden de sacar del Arco Minero al Tren de Aragua, al ELN y a los sindicatos.
Asimismo, señaló que el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, reconoció la presencia de representantes de empresas mineras estadounidenses en la zona y dijo que estas necesitan seguridad, algo que —según Batiz— no es posible mientras estén allí presuntos miembros del Tren de Aragua, el ELN y los sindicatos.
“Una caja negra”
Rísquez describió al Arco Minero como una caja negra, en la que la opacidad y la falta de transparencia con la que actúa el gobierno venezolano hacen casi imposible corroborar información.
Explicó que periodistas en la zona no cuentan con medios para verificar lo que ocurre en Las Claritas y añadió que Cazadores de Fake News analizó la mayoría de los videos difundidos, incluso los que mostraban a mineros huyendo, y concluyó que casi todos eran falsos y no correspondían ni al lugar ni al momento.
Reyes informó que, además del comunicado emitido por la administración de Rodríguez, ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio de Relaciones Interiores, ni el Ministerio de la Defensa se han pronunciado sobre la incursión estadounidense en territorio venezolano.
Blanco afirmó que Trump ha usado al Tren de Aragua como un elemento recurrente en su campaña y que la supuesta eliminación de «Niño Guerrero» se traduce en una victoria política para su gestión.
Minería, control armado y disputa territorial
Batiz planteó la necesidad de buscar una salida para los mineros que no forman parte de estructuras criminales y que, según dijo, permanecen en el área por necesidad. Señaló que en El Callao se habla de unos 60.000 mineros y que algunas organizaciones han detectado 1.900 focos de minería, mientras otras elevan la cifra a 3.700.
El director de El Pitazo precisó que el Arco Minero tiene una extensión aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 12 % del territorio nacional.
Blanco agregó que esa superficie es un poco más grande que Portugal y representa el doble del tamaño de Costa Rica.
Rísquez sostuvo que la gobernanza criminal que operaba en el Arco Minero imponía cierto orden y se encargaba de reclutar mineros, comercializar todo lo relacionado con la actividad extractiva y manejar prostitución, droga, licor y logística general, a cambio de un porcentaje de lo que generaba cada mina.
La directora de ARI también afirmó que el gobierno venezolano pudo haber ejecutado esta operación sin apoyo de Estados Unidos, como ha ocurrido en otros casos, entre ellos el desalojo de Tocorón y de otras prisiones del país, así como el desmantelamiento de la banda del «Koki» en la Cota 905 de Caracas, la del «Picure» en Guárico y el Tren del Llano en San Juan de Unare, estado Sucre.
Rísquez añadió que eso no implica validar las formas en que se realizan este tipo de acciones, pero insistió en que el Estado venezolano también ha enfrentado a otras estructuras criminales.
