Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben un pronunciamiento pidieron derogar por completo la Ley Constitucional Contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, luego de que el 29 de septiembre fuera remitida a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma cuyos términos aún no se conocen.
Cuestionamientos a la norma
Las ONG sostienen que la ley, aprobada en noviembre de 2017, contiene tipos penales vagos, ambiguos y desproporcionados, además de sanciones que contravienen el principio de legalidad. También afirman que permitió la criminalización de centenares de personas bajo la acusación de “instigar al odio”.
Según el texto, los problemas no se limitan a lo penal, porque la norma impone obligaciones, restricciones y consecuencias de otra naturaleza que afectan la libertad de expresión, la asociación y la participación política.
Restricciones y señalamientos
Las organizaciones recuerdan que la ley prohíbe a los medios difundir mensajes que el Gobierno considere propaganda, incitación o apología del odio, sin definiciones claras sobre esos conceptos. Eso, afirman, abre la puerta a decisiones arbitrarias y puede derivar en revocatoria de concesiones, bloqueo de páginas web y multas.
