Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos consideraron insuficiente el anuncio de Delcy Rodríguez de reformar la Ley contra el Odio y exigieron su derogación total, al señalar que el instrumento ha sido utilizado exclusivamente para criminalizar a la disidencia en Venezuela.
Denuncia de abuso y represión
La ONG Espacio Público alertó que la norma ha sido empleada como mecanismo de control a la expresión social, generando un efecto paralizante sobre el derecho a la libertad de expresión, lo que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación de derechos.
Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió que la revisión de la ley debe eliminar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura que contiene. «Eliminar las penas de prisión sería un avance, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones, bloquear portales o imponer multas», enfatizó la organización.
Oscar Murillo, director de la ONG Provea, subrayó que los defensores de derechos humanos exigen la abolición de la Ley contra el Odio y de otras normas promulgadas por el chavismo para perseguir voces críticas. «Exigimos cambios genuinos. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación. Requerimos avanzar en la reconstrucción institucional», declaró.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) insistió en que la norma debe ser derogada por su carácter punitivo y discrecional, que viola derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.
Reacciones de la oposición
La delegación de la oposición en el proceso de negociación con el chavismo destacó que la reforma de la ley se enmarca en el diálogo para la reinstitucionalización democrática y la celebración de elecciones libres. «Estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores y contribuya al restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas», señalaron.
Juan Pablo Guanipa, vocero de Primero Justicia, recordó que la Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la Asamblea Constituyente, presidida por Delcy Rodríguez. «Durante años fue utilizada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos. Hay víctimas, presos, familias destruidas y denuncias de torturas asociadas a ese aparato represivo», denunció.
Delsa Solórzano, fundadora de Encuentro Ciudadano, afirmó que el daño causado por la ley no se resuelve con reformas parciales. «Las leyes que han servido de sustento a la represión deben ser derogadas», exigió.
Andrés Velásquez, líder de La Causa R, criticó duramente a Delcy Rodríguez: «Ahora dice que se hizo un uso abusivo de la Ley del Odio. Pero ese uso abusivo lo hizo ella misma. No se lavará las manos con su desdoblaje discursivo. Ustedes son responsables de todo el abuso de poder aplicado a los venezolanos».
