El proyecto de reforma a la Ley contra el Odio plantea sustituir las penas de cárcel por multas y otras medidas alternativas para quienes incurran en discursos de odio, incitación a la guerra, hostigamiento o mensajes discriminatorios.
La propuesta también le da al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la facultad de fijar el monto de las sanciones, con base en criterios como la gravedad, la intencionalidad y la reincidencia.
Multas, plazos y medidas alternativas
Según el texto, los infractores tendrán 30 días para pagar la multa en la banca pública. Si no lo hacen, la autoridad podrá sustituir ese pago por entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o por programas de formación en cultura de paz.
La reforma además prevé la creación de una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia, integrada por representantes de distintos poderes públicos y organizaciones sociales.
