La defensa del diputado peruano buscaba sacar del expediente el certificado de su expareja, pero el juez lo rechazó y dejó el peritaje como prueba válida.
El Poder Judicial de Perú rechazó el pedido de la defensa de Julián Pérez Mallqui para excluir del expediente el certificado médico legal de su expareja, vinculada a una investigación por presuntas lesiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar.
Con esa decisión, el juzgado declaró infundada la tutela de derechos planteada por el parlamentario y mantuvo el documento dentro del caso.
La defensa cuestionó el informe por omisiones en la descripción
Los abogados de Pérez Mallqui alegaron que el certificado no consignó con detalle la coloración, la forma ni las dimensiones de las equimosis halladas en el brazo y la pierna de la mujer. También sostuvieron que esas omisiones no podían corregirse después, porque ya no eran visibles con el paso del tiempo.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, concluyó que el examen se realizó dentro de las primeras 24 horas y por un médico legista habilitado del Instituto de Medicina Legal. Por eso, determinó que la prueba conservaba su licitud originaria.
El juez dejó para el juicio el debate sobre el valor probatorio
La resolución precisó que las deficiencias descriptivas del informe no convierten un acto oficial en una prueba ilícita o inconstitucional. Según el fallo, esas inconsistencias pueden afectar el valor probatorio, pero no la validez del documento.
El magistrado también remarcó que la tutela de derechos tiene un carácter residual y que el debate sobre la precisión metodológica del peritaje debe darse en el juicio oral, bajo el principio de libre valoración de la prueba.
En su decisión, el juez resumió que el certificado cuestionado no es una prueba ilícita ni irregular, por lo que no procede su exclusión.
El caso sigue abierto con una recomendación de sanción
Los hechos atribuidos a Pérez Mallqui ocurrieron el 30 de julio, a las 9:30 a. m., en un inmueble del distrito de San Miguel, tras una denuncia por violencia psicológica contra su expareja. La intervención policial terminó con el traslado de ambos a la comisaría del distrito, donde los agentes presenciaron agresiones físicas directas contra la mujer.
Además, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe final que recomienda suspender al diputado por 120 días y descontarle sus haberes.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
