La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una nueva campaña contra la corrupción, cuyo eje será la línea telefónica 0800-Extorsión, un canal…
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una nueva campaña contra la corrupción, cuyo eje será la línea telefónica 0800-Extorsión, un canal mediante el cual espera que ciudadanos denuncien a policías, fiscales y jueces que cobran dinero de manera irregular. Sin embargo, la iniciativa despierta dudas por la falta de independencia de los órganos del sistema de justicia y por la experiencia reciente de medidas similares que no han mostrado resultados verificables.
Una campaña sobre síntomas, no sobre causas
Transparencia Venezuela ha advertido que la corrupción y la impunidad en el país están vinculadas a una estructura institucional dominada por actores del alto Gobierno, con influencia sobre el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público y buena parte de los jueces. En ese contexto, las medidas anunciadas hasta ahora se han concentrado en atacar manifestaciones visibles del problema, sin tocar sus raíces.
La lucha contra la corrupción, tanto en Venezuela como en otros países, no se resuelve únicamente con campañas públicas. Requiere cambios institucionales de fondo, exposición de las redes corruptas, sanciones a los responsables, recuperación de activos y reparación de las víctimas. Solo así podría reconstruirse la confianza ciudadana.
Extorsión sistemática y generalizada
Transparencia Venezuela sostiene en su informe Las caras de la extorsión en Venezuela que en los últimos años la práctica extorsiva se ha extendido de forma sistemática y generalizada a través de dos grandes actores: grupos criminales y funcionarios corruptos del Poder Público nacional, regional y local. La situación es especialmente grave cuando intervienen funcionarios del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad y defensa.
El reporte también examina distintas modalidades de extorsión en las que participa el propio Estado, entre ellas las que se producen en el ámbito de la seguridad y defensa, en el sistema de justicia, en aduanas marítimas y terrestres, y en trámites, documentos y otros servicios. Además, incorpora la extorsión postelectoral registrada tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
En ese caso, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil documentaron denuncias sobre policías, militares, fiscales y jueces que habrían pedido entre 300 y 15.000 dólares para liberar a personas detenidas en el contexto de las protestas, o para amenazarlas con imputarlas por delitos graves como traición a la patria.
Dudas sobre las denuncias anónimas
Uno de los primeros interrogantes que deja el anuncio de Rodríguez es si las denuncias podrán presentarse de forma anónima o si exigirán identificación. El anonimato podría incentivar a ciudadanos a reportar presuntas irregularidades administrativas, sobre todo en un contexto en el que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión ha derivado en detenciones y procesos judiciales bajo disposiciones como la Ley Constitucional contra el Odio.
Al mismo tiempo, la figura del anonimato ha sido utilizada en los últimos años para reprimir. Bajo la opaca modalidad de los llamados “patriotas cooperantes”, presuntos ciudadanos que señalan a otros por supuestos delitos, varias personas críticas del Gobierno han terminado detenidas. Entre esos casos se encuentra el del estudiante John Álvarez.
El Tribunal Supremo de Justicia no ha fijado posición sobre la legalidad de los “patriotas cooperantes”, lo que en la práctica ha permitido que el Ministerio Público y los organismos policiales sigan recurriendo a ese mecanismo. Quienes cuestionan esa figura recuerdan que la Constitución, en su artículo 57, prohíbe el anonimato. No obstante, en 2001 la Sala Constitucional del TSJ precisó que esa disposición no se extiende al ámbito penal y señaló que corresponde a los fiscales sustanciar las informaciones aportadas por anónimos.
Antecedentes de anuncios similares
La nueva línea telefónica tampoco es la primera medida de este tipo presentada en los últimos años para combatir la corrupción. En 2022, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional anunció que su portal web recibiría denuncias sobre irregularidades administrativas. Hasta ahora, esa instancia no ha informado sobre averiguaciones abiertas a partir de señalamientos de ciudadanos.
Ese mismo año comenzó a funcionar la aplicación Venapp, presentada como un mecanismo para reportar fallas en servicios públicos y también para denunciar corrupción. Semanas después, Nicolás Maduro anunció una “lucha por la honestidad y contra la corrupción donde estén” y pidió colaboración ciudadana. También aseguró que se crearía “un 1×10 solo para denunciar a los mala mañosos”.
En esa oportunidad afirmó: “¡Ay, mala mañosos, vamos por ustedes! Vamos a preparar una línea secreta para caerles a los mala mañosos, porque ustedes saben quiénes son los mala mañosos, ustedes lo saben, ¿verdad?”. Con el tiempo, Venapp ha aparecido mencionada en señalamientos contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y, especialmente, por presuntos negocios de sus hijas con el creador de la aplicación, que luego pasó a ser usada como instrumento de persecución durante la represión posterior a las protestas por el fraude electoral del 28 de julio de 2024.
En 2023 también estalló el caso conocido como Pdvsa Cripto, una trama de corrupción presuntamente encabezada por el exvicepresidente y exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, que habría desviado miles de millones de dólares de la estatal petrolera y de otras empresas públicas con la complicidad de empresarios. Entonces se anunció una operación anticorrupción denominada Caiga quien caiga, impulsada inicialmente por el exfiscal general Tarek William Saab, quien dejó el Ministerio Público tras una gestión marcada por denuncias de abuso de poder y hasta de torturas.
Las causas de fondo siguen intactas
La presidenta encargada no ha planteado, por ejemplo, eliminar o al menos restringir nuevamente las alcabalas policiales, una propuesta que ya había sido sugerida por la Comisión de Reforma Policial. Estos puntos de control se han convertido en espacios frecuentes de extorsión a ciudadanos y transportistas.
En 2022, Transparencia Venezuela recopiló información mediante entrevistas a 10 compañías de transporte y distribución que operan en el país. El estudio concluyó que “la probabilidad de extorsión se ubicaba en 25%”, lo que equivale a decir que, de cada cuatro alcabalas encontradas en la vía, al menos en una se registran cobros ilegales. En general, efectivos policiales o militares exigen dinero a los transportistas o, en su defecto, les quitan parte de la mercancía que trasladan.
Rodríguez tampoco ha mencionado medidas sobre las condiciones socioeconómicas de jueces, fiscales y policías, en particular la necesidad de mejorar sus salarios, ni acciones para sanear desde sus cúpulas a la justicia y a los cuerpos policiales. Problemas como la provisionalidad en la que se encuentra la mayoría de jueces y fiscales, una situación que los hace vulnerables a presiones políticas y de otra índole por parte de sus superiores, siguen fuera de la agenda pública.
Sin cambios institucionales de fondo, observan organizaciones dedicadas al seguimiento de la corrupción, una línea telefónica por sí sola difícilmente bastará para enfrentar un problema que atraviesa a buena parte del aparato estatal.
