La organización internacional Human Rights Watch determinó que Venezuela requiere reformas institucionales profundas para consolidar la democracia, tras concluir una visita oficial al país después de 18 años de ausencia. Los representantes de la delegación catalogaron la coyuntura actual como un frágil momento político donde la administración chavista ha frenado las formas más notorias de persecución, aunque advirtieron que estas medidas siguen siendo limitadas.

Reencuentro tras la expulsión de 2008

El retorno de los activistas se produce casi dos décadas después de que el entonces representante para las Américas, José Miguel Vivanco, fuera expulsado del territorio nacional por el entonces gobernante Hugo Chávez tras la divulgación de un informe crítico sobre la independencia del sistema de justicia. En aquella ocasión, el suceso ocurrió el 18 de septiembre de 2008 tras cuestionamientos del entonces canciller Nicolás Maduro.

Durante su estadía de cinco días que finalizó este viernes, la comitiva estuvo integrada por el subdirector ejecutivo Federico Borello, la directora para las Américas Juanita Goebertus, el subdirector para las Américas Juan Pappier y la investigadora Martina Rapido. Los funcionarios sostuvieron reuniones en el Palacio de Miraflores con la administración de Delcy Rodríguez, además de dialogar con periodistas, actores de la sociedad civil y dirigentes políticos de la Plataforma Unitaria Democrática.

Borello señaló ante la prensa que se percibe un clima donde la ciudadanía y los comunicadores experimentan márgenes de libertad superiores a los de periodos anteriores, recalcando que se trata únicamente de una pausa y no de una transformación total. Por su parte, la alianza opositora entregó un registro actualizado de los casos de persecución y detenciones motivadas por razones políticas en el país.

Reunión institucional y cifras de detenciones

La agenda de la delegación internacional también incluyó un encuentro con Larry Davoe, quien ejerce como fiscal general de la República, con quien abordaron temáticas vinculadas a los derechos humanos y el desarrollo de una consulta nacional enfocada en la reforma de la justicia penal.

En paralelo, la ONG Foro Penal difundió un balance este mismo viernes indicando que permanecen 344 personas privadas de libertad por motivos políticos, de los cuales 330 son hombres y 14 mujeres. El registro comprende a 200 civiles y 144 militares que continúan recluidos en cárceles del país pese al escenario político reciente.