El equipo de defensa de un grupo de excarcelados que permanecieron detenidos en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Zona 7, Boleíta, anunció el inicio formal de acciones legales y administrativas contra el Estado venezolano por daños y perjuicios, además de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Reclamo de reparación
El abogado Moisés Gutiérrez sostuvo que no puede hablarse de justicia sin una reparación integral a las víctimas. Afirmó que funcionarios del Estado venezolano, en especial de la PNB, cometieron violaciones a los derechos humanos.
Entre las prácticas que dijo haber documentado mencionó presiones contra los detenidos y vulneraciones a su privacidad económica. “Cuando un ciudadano es detenido y se le exige acceso a sus cuentas bancarias, es una violación flagrante de derechos humanos”, señaló.
También denunció arbitrariedades en las aprehensiones. Según dijo, “se agarraron cerca de 60 personas en el lapso de una semana y se les vinculó en una causa sin fundamentos”.
Gutiérrez indicó que las acciones se tramitarán por las vías regulares previstas en la legislación nacional y que ya comenzaron ante el Ministerio de Interior y Justicia los trámites administrativos por estar a cargo de la PNB.
Testimonio de Renny Chourio
Durante el encuentro con medios, Renny Chourio, exprisionero político y ex candidato a la Alcaldía del Municipio San Francisco del Zulia, relató abusos durante su detención y el allanamiento de su vivienda.
“A mi casa fueron más de 50 funcionarios que pareciera que fueran buscando a un traficante. Todos encapuchados, con armas largas y camionetas de civil”, dijo Chourio, quien añadió que su esposa, hijastra e hijos vivieron un proceso muy difícil.
También denunció el despojo de bienes familiares. “El dinero que teníamos ahorrado para comprar una vivienda se lo llevaron los funcionarios; eso para ellos es un botín de guerra”, afirmó.
Chourio relató además maltratos psicológicos y físicos durante los interrogatorios. “En mi caso, cuando me entrevistaban en La Quebradita, por ser funcionario siempre me decían: Habla y di la verdad, porque si no te vamos a golpear”, expresó.
La defensa y los ex prisioneros presentes exigieron una respuesta transparente a los trámites administrativos interpuestos y reiteraron que mantendrán la exigencia de justicia y compensación patrimonial ante los tribunales y organismos correspondientes.



