Organizaciones radicadas en Doral reclamaron un giro en la política de Washington y cuestionaron la gestión de la crisis tras el doble terremoto del 24 de junio.
Organizaciones del exilio venezolano en Doral, Florida, pidieron este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revisar el acercamiento político que Washington mantiene con el Gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez, en medio de críticas por el manejo de la crisis derivada del doble terremoto del 24 de junio.
El exilio cuestiona la respuesta oficial
Las agrupaciones sostienen que las autoridades caraqueñas han entorpecido los esfuerzos de rescate independientes y han centralizado de manera ineficiente la distribución de la asistencia humanitaria.
Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), rechazó que el Departamento de Estado se declare «complacido» con la gestión de la contingencia.
«Nuestro llamado es para que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie de manera diferente», dijo Villalonga, al cuestionar además las cifras oficiales que reportan 2.295 muertos y 11.267 heridos.
Críticas a Barrett y reclamo por la ayuda humanitaria
La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), liderada por José Antonio Colina, fustigó las declaraciones del encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, quien afirmó tener «mucha confianza» en el compromiso del Ejecutivo venezolano.
Colina sostuvo que los hechos en el terreno muestran fallas graves y pidió que ni Rodríguez ni el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tutelen el proceso de reconstrucción nacional, que —según dijo— debe incluir garantías de retorno para líderes opositoras como María Corina Machado.
Además, representantes de la plataforma All For Venezuela denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han comenzado a decomisar cargamentos privados de insumos médicos en las zonas afectadas, lo que, afirmaron, impide que la ayuda fluya de manera directa hacia las víctimas.
Ante ese escenario, la comunidad en el exterior instó a las agencias federales estadounidenses desplegadas en el país a verificar el destino de los 300 millones de dólares asignados para mitigar la emergencia hospitalaria y civil.
