Justicia

Exigen investigación por torturas contra presos en Rodeo I

La organización Clippve denunció que las autoridades minimizaron los casos de maltrato y solicitó la destitución del ministro del Servicio Penitenciario.

Exigen investigación por torturas contra presos en Rodeo I

La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió este viernes una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra personas privadas de libertad en el centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. La medida surge tras una reunión con Julio García, ministro para el Servicio Penitenciario, quien, según la organización, desestimó los hechos reportados.

Denuncias de maltrato

La organización señala que las autoridades priorizan cuestionar la credibilidad de las víctimas antes que investigar los hechos o garantizar la rendición de cuentas.

Maltratos tras los sismos

Según los reportes de la organización, los detenidos en la cárcel Rodeo I fueron víctimas de agresiones físicas, incluyendo golpes, heridas por perdigones y asfixia con gas lacrimógeno. Estos incidentes habrían ocurrido con el objetivo de obligar a los internos a regresar a sus celdas, luego de que permanecieran varios días en el patio tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Además de la violencia física, familiares de los detenidos han manifestado su preocupación por el abandono institucional tras los desastres naturales, señalando un deterioro en la alimentación y la falta de atención a las estructuras de la cárcel que resultaron afectadas.

Solicitud de intervención internacional

Ante la falta de respuestas efectivas, Clippve solicitó formalmente el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros de reclusión para evaluar las condiciones de detención.

La organización también exigió la destitución de Julio García y de los funcionarios responsables de incumplir el deber de protección de los derechos de los privados de libertad y de revictimizar a sus familiares. Hasta la fecha, el Ejecutivo venezolano no ha emitido un balance oficial sobre la situación de las cárceles o el estado de los detenidos tras los sismos que han dejado más de 5.000 fallecidos.

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