La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada en 2017 bajo la presidencia de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente, se convirtió en uno de los instrumentos principales de persecución y censura ciudadana. La normativa surgió como respuesta al descontento social ante la escasez, la hiperinflación y el colapso de los servicios públicos.
Impacto y censura en la sociedad
Bajo la justificación de sancionar la incitación al odio, el aparato legal permitió al oficialismo criminalizar opiniones emitidas en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos. Cualquier reclamo por fallas eléctricas, escasez de agua o deficiencias hospitalarias era interpretado como un llamado a la violencia. Como consecuencia, la ciudadanía optó por la autocensura ante el temor a encarcelamientos y represalias, aunque la población mantuvo su resistencia cívica en hitos como la primaria de 2023 y las protestas posteriores.
Rechazo a la reforma y exigencia de derogación
Ante la propuesta de una reforma integral planteada por Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional actual, la respuesta de los especialistas en derecho constitucional y organizaciones no gubernamentales ha sido unánime. Los defensores de derechos humanos sostienen que la norma no admite correcciones, ya que sus bases atentan directamente contra la Constitución y los principios democráticos fundamentales, por lo que reclaman su completa supresión del ordenamiento jurídico.
