Agentes policiales detuvieron en Barquisimeto a Francisco Oropeza, exalcalde del municipio Torres en el estado Lara, el pasado 17 de septiembre, apenas 48 horas después de haber retornado al país desde el exilio. La aprehensión se produjo en las inmediaciones del medio El Informador, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana interceptaron la camioneta en la que se desplazaba tras ofrecer una entrevista.
El retorno y la acusación de montaje judicial
Previamente, Oropeza se había presentado ante el Palacio de Justicia en Caracas, específicamente frente al Tribunal Cuarto de Terrorismo, donde las autoridades judiciales le notificaron el sobreseimiento de la causa por la cual se encontraba solicitado, permitiéndole designar a un abogado defensor. Sin embargo, minutos después se concretó su captura bajo cargos de homicidio.
A través de su cuenta en la red social X, el exfiscal Zair Mundaray aseguró que los hechos responden a una siembra de pruebas para mantener la persecución contra la disidencia, señalando directamente a la jueza Solimay Arrieta y cuestionando públicamente las acciones del aparato estatal.
Medidas cautelares y protestas
La detención provocó la movilización inmediata de diversos expresos políticos, quienes se apostaron en el centro policial donde permanecía recluido para exigir su liberación inmediata. Ante la presión ciudadana y política, el exalcalde fue excarcelado, aunque se le impusieron estrictas medidas cautelares.
Entre las restricciones dictadas por el tribunal figuran la presentación periódica ante la instancia judicial, la prohibición de reuniones públicas con fines políticos, la prohibición de ofrecer entrevistas a medios de comunicación y la restricción de entablar contacto con las supuestas víctimas del caso, lo que organizaciones y defensores han calificado como un intento de anulación política.
