Provea pide transparencia sobre operativo coordinado por EE. UU. y Venezuela donde murió Héctor Guerrero

La ONG venezolana Provea exigió este domingo transparencia absoluta sobre el operativo militar coordinado por Estados Unidos y Venezuela en una zona minera del sureste del país, en el que murió Héctor Guerrero, conocido como el “Niño Guerrero” y señalado como el máximo jefe de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Exigencia de información sobre el despliegue

La organización sostuvo que Venezuela tiene derecho a conocer los términos exactos de la operación, su alcance legal y cuáles fueron los mandos responsables del despliegue. En ese sentido, advirtió que, con base en la información disponible, el hecho constituye presuntamente una violación de la soberanía territorial y una grave vulneración de los derechos humanos por la supuesta comisión de una ejecución extrajudicial.

Provea también planteó que el Estado venezolano debe ofrecer información fidedigna y verificable sobre el resultado humano del operativo, incluyendo el número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, además de garantizar la identificación adecuada de las víctimas.

Advertencia previa sobre el megaoperativo en Bolívar

La ONG recordó que el pasado martes ya había alertado sobre un megaoperativo en el estado Bolívar, en el sureste del país, y señaló entonces que acciones de ese tipo dejaron cientos de abusos.

En ese contexto, insistió en que una actuación del Estado no puede derivar, bajo ninguna circunstancia, en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas que no estén vinculadas con el conflicto entre grupos armados o bandas criminales.

Abandono estatal y presencia criminal en el sur

La organización atribuyó la violencia y el control ejercido por grupos criminales en el sur de Venezuela a años de abandono estatal y a una política que, según afirmó, priorizó la extracción opaca de recursos por encima de la institucionalidad.

También señaló que las autoridades dejaron de cumplir sus responsabilidades en estas zonas ricas en minerales, lo que permitió la entrada de economías criminales de distintos tipos. Como consecuencia, añadió, cientos de miles de habitantes quedaron atrapados en medio de la confrontación, en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de recibir respuestas ni asistencia institucional.

Finalmente, Provea pidió transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que respaldan esta operación y garantías plenas de que no se repitan patrones de ejecuciones extrajudiciales.