Delcy Rodríguez solicitó al Parlamento encabezado por Jorge Rodríguez una reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una norma aprobada en 2017 y utilizada desde entonces contra opositores al chavismo. En un comunicado fechado el 28 de octubre, pero difundido en sus redes sociales este 29 de septiembre, planteó cambios para “avanzar en la despenalización de conductas previstas” en ese instrumento.

En el texto, Rodríguez sostuvo además que la propuesta forma parte de su administración para “transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el encuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos”. También pidió que la modificación tenga “carácter de urgencia”.

La reforma fue pedida con carácter de urgencia

La solicitud se conoció en medio de discusiones sobre cambios al sistema penal y sobre mecanismos de convivencia política. Sin embargo, para la sesión de la Asamblea Nacional prevista para el martes 29 de septiembre, ese punto no aparecía incluido en la agenda.

La modificación de esta ley era uno de los temas previstos para discutirse en la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo. Integrantes de la delegación opositora habían anunciado que el asunto sería incorporado al segundo ciclo de conversaciones, finalizado el 27 de septiembre.

Aun así, el tema no fue incorporado en esa segunda ronda. La ley se mantuvo fuera de la discusión, pese a que se le señalaba como una de las normas usadas en los últimos años para perseguir, encarcelar y forzar al exilio a dirigentes políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos.

Una norma cuestionada por su impacto en derechos humanos

La Ley contra el Odio ha sido objeto de críticas por sus efectos sobre libertades fundamentales. En un análisis, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social enumeró 20 razones por las que considera que esa normativa afecta derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, de opinión e información, así como la manifestación pacífica y la participación política.

Entre sus advertencias, la organización sostuvo que la discrecionalidad de la Ley contra el Odio representa una forma de criminalización de los derechos a la libertad de expresión, la manifestación pacífica y la participación política. También indicó que la norma fue concebida bajo una doctrina de seguridad nacional que cataloga como enemigo interno a críticos y disidentes del gobierno.

Ese instrumento fue aprobado en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro, instancia que anuló las competencias de la Asamblea Nacional bajo control de la oposición venezolana entre enero de 2016 y diciembre de 2021.

El debate reaparece en medio de negociaciones políticas

La petición de Rodríguez vuelve a poner la norma en el centro del debate político. La derogación o revisión de la Ley contra el Odio había sido mencionada dentro de las discusiones sobre amnistía y negociación, pero no llegó a concretarse en la segunda ronda de conversaciones entre las partes.

Con la solicitud formal enviada al Parlamento, el oficialismo reabre la discusión sobre una legislación que, desde su entrada en vigencia, ha sido señalada como un instrumento jurídico para perseguir a la disidencia. Hasta ahora, la agenda parlamentaria del 29 de septiembre no incluía ese punto, pese al llamado de urgencia hecho por Rodríguez.