En un giro dentro del escenario político, Delcy Rodríguez solicitó la reforma de la Ley contra el Odio, un instrumento punitivo que ella misma defendió y promovió fervientemente en el año 2017 desde la presidencia de la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Esta petición, realizada en medio de un contexto de negociaciones políticas, implica el reconocimiento implícito de los abusos y excesos desatados tras la promulgación de la normativa.
Los orígenes de la norma punitiva
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue presentada inicialmente por Nicolás Maduro con el argumento de sancionar supuestos crímenes de odio. La propuesta surgió en un periodo marcado por la mayor ola de protestas sociales y la posterior represión registrada en el territorio nacional.
Sanciones severas y Gaceta Oficial
El instrumento legal se oficializó mediante la Gaceta Oficial N.º 41.274, estableciendo condenas de hasta 20 años de prisión para quienes fueran acusados de promover el odio, una figura jurídica imprecisa que fue ampliamente utilizada para perseguir a la disidencia y acallar las voces críticas en el país.
