El tribunal escuchará el 14 de octubre el caso Trujillo y otros vs. Venezuela, centrado en la represión de la marcha del 11 de abril de 2002.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará el miércoles 14 de octubre, a partir de las 9:00 horas, una audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, vinculado con la represión de la manifestación del 11 de abril de 2002.
Audiencia presencial en San José
La sesión será presencial en San José, Costa Rica, y forma parte del 196.° período ordinario de sesiones del tribunal, previsto del 5 al 16 de octubre de 2026.
Lo que examina el caso contra Venezuela
El expediente se refiere a la responsabilidad internacional del Estado venezolano por el uso de fuerza letal durante la marcha que buscaba llegar al Palacio de Miraflores. Según el escrito remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agentes de la Guardia Nacional dispararon contra manifestantes en las inmediaciones de El Silencio.
En ese punto murieron Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso, mientras Fernando Joel Sánchez Colmenares resultó herido de bala.
La Comisión agregó que personas identificadas como integrantes de los llamados Círculos Bolivarianos dispararon desde Puente Llaguno. Allí murieron Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, y resultaron heridos José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
En su remisión a la Corte, la Comisión sostuvo que existían suficientes elementos para determinar que esos hechos ocurrieron con la colaboración o, al menos, la aquiescencia de la fuerza pública.
También concluyó que el Estado no demostró haber hecho un uso legítimo, necesario y proporcionado de la fuerza letal, ni haber investigado los hechos de forma efectiva. Según la Comisión, ello mantiene la impunidad más de dos décadas después.
La CIDH determinó además que se violaron los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, el derecho de reunión y la protección judicial, y pidió una reparación integral, una investigación efectiva y garantías de no repetición, entre ellas limitar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
