La comisión especial de la Asamblea Nacional que revisa la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, anunció que evaluará casos de personas que aseguran haber resultado afectadas por la aplicación de esa normativa.
Pedro Infante indicó este lunes que el grupo abrirá una ruta de consulta con sectores de la sociedad venezolana, incluidas personas víctimas de violencia o que consideren que la ley fue aplicada de manera inadecuada. El planteamiento fue expuesto en un encuentro con los medios.
Una comisión de 11 diputados abrió la revisión
La instancia fue instalada este lunes y está integrada por 11 diputados, bajo la presidencia de Infante. Entre sus miembros figuran Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, además de Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
Su tarea principal será elaborar un proyecto de reforma parcial de la legislación aprobada en noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente. Luego, el texto deberá ir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su validación y más tarde regresar al Parlamento.
Infante adelantó que entre los cambios a evaluar están la despenalización de algunas disposiciones, la revisión de conceptos para precisar su aplicación y la modificación del nombre de la ley para vincularlo con la convivencia pacífica y la tolerancia.
También se revisarán expedientes y propuestas de cambio
La revisión de casos forma parte de la ruta anunciada por la comisión. Infante dijo que se considerarán expedientes relacionados con personas afectadas por la violencia y aquellos en los que, a juicio de los integrantes de la instancia, la ley fue aplicada de manera inadecuada.
El proceso también prevé la participación de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones políticas, representantes del sistema de justicia, medios de comunicación y universidades. La consulta pública se desarrollaría después de la primera discusión parlamentaria del proyecto.
La reforma fue solicitada por Delcy Rodríguez, quien pidió al Parlamento modificar parcialmente la legislación. La decisión de impulsar los cambios se produjo después de que reconociera que la norma había sido usada de manera inadecuada en determinados casos.
La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 y contempla sanciones para conductas vinculadas con la promoción o incitación al odio, la discriminación y la violencia. Entre sus disposiciones establece penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años.
La norma ha sido cuestionada durante años por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, que han pedido su derogación al considerar que puede usarse para criminalizar expresiones y actuaciones políticas.
Foro Penal informó recientemente que 927 personas han sido imputadas por el delito de instigación al odio desde la entrada en vigencia de la ley. Según la organización, 6 de esas personas permanecían privadas de libertad y otras 638 estaban sujetas a medidas cautelares.
La comisión prevé comenzar este martes 6 la revisión de los artículos de la ley y de las propuestas planteadas por sus integrantes, antes de avanzar en las etapas del procedimiento legislativo.
