La consultora política Esther Nuhfer, coacusada junto al excongresista republicano David Rivera, fue condenada a cinco años de prisión por su participación en una operación secreta de cabildeo en favor de la administración de Nicolás Maduro, valorada en unos 50 millones de dólares.
Una operación secreta de 50 millones de dólares
La información sobre la sentencia fue difundida por el periodista de Associated Press (AP) Joshua Goodman, quien señaló que allegados y funcionarios locales acompañaron a Nuhfer en la sala del tribunal de Miami durante la lectura de la condena.
En mayo pasado, un jurado federal declaró culpables a Rivera y Nuhfer por sus gestiones desarrolladas durante el primer mandato de Donald Trump. La Fiscalía demostró que ambos eran responsables de conspiración para el lavado de dinero y de no registrarse ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero.
Testigos de alto perfil en el juicio de Miami
De acuerdo con las investigaciones, Rivera fue contactado por la dirigente chavista Delcy Rodríguez con el objetivo de movilizar contactos políticos en Washington. La meta de la operación era suavizar las sanciones económicas y modificar la postura de la Casa Blanca hacia Caracas.
El proceso judicial, que se extendió por siete semanas, expuso el uso de intermediarios, contratos simulados y comunicaciones cifradas con códigos especiales para referirse a figuras políticas y transferencias de dinero. La Fiscalía sostuvo que los acusados intentaron encubrir los pagos procedentes de estructuras vinculadas a Venezuela mediante documentos elaborados con posterioridad.
Durante el juicio comparecieron como testigos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el congresista Pete Sessions. Ambos políticos estadounidenses aseguraron que desconocían la existencia del contrato de consultoría financiado por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y afirmaron que fueron involucrados en las reuniones sin conocer el trasfondo real de las gestiones.
Por su parte, la defensa de los acusados argumentó que las actividades correspondían a asesorías comerciales permitidas por la ley y que no existía la obligación legal de registrarse bajo la normativa de agentes extranjeros.
