El Bloque Constitucional alertó en Caracas que la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quedará viciada de inconstitucionalidad si se permite la incorporación de diputados dentro del Comité de Postulaciones Judiciales. La organización gremial y académica exigió el cumplimiento estricto del artículo 270 de la carta magna para resguardar la autonomía del Poder Judicial.
Advertencia ante los acuerdos de diálogo
La postura de los juristas surge tras la instalación de la Mesa de Diálogo y Negociación auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos, un espacio conformado por parlamentarios de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y miembros del período legislativo actual. Durante dichas conversaciones, las delegaciones pactaron renovar todas las salas del máximo tribunal y reformar su ley orgánica para elevar de diez a doce los escaños de la sociedad civil en el comité postulador.
Exigencia de apego a la norma fundamental
Frente a los pactos políticos, el bloque de especialistas sostiene que incluir a funcionarios en funciones rompe de forma directa con el mandato constitucional, el cual confiere estas plazas de manera exclusiva a representantes de diversos sectores sociales. Asimismo, cuestionaron que los legisladores de la Comisión Preliminar pretendan encargarse de recibir las candidaturas ciudadanas para luego sumarse como integrantes plenos de la instancia evaluadora.
La organización solicitó formalmente a la Comisión Preliminar que aparte a cualquier parlamentario de estas labores y desestime la aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El documento cuenta con el respaldo de destacados juristas, profesores universitarios y exmagistrados, además del aval internacional de representantes desde España y Chile.
