El Parlamento controlado por el chavismo estudia una reforma de la Ley Constitucional contra el Odio que, según Jorge Arreaza, incorporaría criterios internacionales para decidir cuándo un mensaje o discurso incita al odio.
El Plan de Rabat entra en la discusión
Arreaza, integrante de la comisión que revisa la norma, dijo que se ha conversado sobre incluir los seis criterios del Plan de Acción de Rabat: contexto, categoría del emisor, intención, contenido, extensión y probabilidad de causar daño. Tras un conversatorio en la UCV, sostuvo además que la idea es formar a quienes apliquen la ley para evitar los “excesos y abusos” que, admitió, hubo con la normativa vigente.
El diputado oficialista también afirmó que la reforma sería “profunda” y que contempla derogar los artículos que prevén penas de prisión. En su lugar, dijo, se están planteando otros tipos de sanciones, entre ellas disculpas públicas.
Multas, trabajos comunitarios y críticas
Arreaza aseguró que la palabra “odio” saldría del título de la ley, porque la considera “difusa y compleja de definir”. La norma actual fija penas de 10 a 20 años de prisión para quien, públicamente, “promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”.
El proyecto de reforma también fue cuestionado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que advirtió sobre multas que podrían afectar a periodistas y medios, estimadas entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia, además de trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
La ley fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, luego de meses de protestas antigubernamentales. Desde entonces, según datos difundidos en septiembre por la ONG Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de “incitación al odio”.
En septiembre, Delcy Rodríguez pidió al Parlamento reformar la ley y dijo que “lamentablemente fue mal aplicada” y que “se hizo un uso abusivo” de ella. La norma fue impulsada por Nicolás Maduro, según el texto original citado en la discusión de la reforma.
