Un inversor pidió revocar el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve acusados en el caso $LIBRA. También objetó la actuación del juez y del fiscal.
Un inversor afectado por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA apeló el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve acusados, pidió que se revoque la decisión y reclamó que siga la investigación penal. Su escrito también lanza fuertes cuestionamientos al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano.
Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien se convirtió en el primero de los damnificados en intentar sostener abierta la causa tras invocar su derecho como pretenso querellante. Según su planteo, la Cámara de Casación Penal deberá definir si lo reincorpora al expediente o si lo excluye de manera definitiva.
El recurso fue presentado con el patrocinio de Juan Grabois y Nicolás Rechanik. En 40 carillas, Marchetto sostuvo que Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones”, hizo una “valoración fragmentaria” de las pruebas y dejó una “fundamentación aparente” al dictar el sobreseimiento.
Cuestionamientos al juez y al fiscal
El eje central del escrito es que el juez habría confundido la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Para el inversor, una cosa es no haber reunido todavía elementos suficientes para sostener una hipótesis delictiva y otra distinta es concluir que los hechos no encuadran en ninguna figura penal.
Marchetto también cargó contra el fiscal Eduardo Taiano. Lo acusó de ocultar información, demorar la tramitación de prueba, omitir testigos y no requerir indagatorias, al tiempo que pidió el sobreseimiento de los once acusados cuando aún quedaban diligencias pendientes.
Entre esas medidas mencionó la ampliación de las pericias telefónicas ordenadas a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, los “cueveros” que recibieron fondos de Hayden Mark Davis.
El inversor también señaló que no fueron citados a declarar Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, primera letrada de Hayden Davis en la Argentina.
Las horas previas a la publicación de Milei
En otro tramo, Marchetto pidió que se analice de forma integral el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo el viernes 14 de febrero de 2025. Para eso, citó la secuencia de comunicaciones entre Milei y Mauricio Novelli en los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA.
Según los registros telefónicos incorporados al recurso, Novelli hizo llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación con el código alfanumérico para comprar $LIBRA apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22.
A esa secuencia sumó operaciones registradas apenas 22 segundos antes del mensaje. De acuerdo con la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
Para el damnificado, esos elementos obligan a esclarecer si hubo coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones realizadas antes de la difusión pública y la intervención del Presidente.
La pelea por seguir en el expediente
La apelación también se mete de lleno en la discusión procesal. Marchetto fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio, decisión que luego confirmó la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión todavía está bajo revisión de Casación, ante la que presentó una queja pendiente de resolución.
En su escrito advirtió que, si los sobreseimientos quedan firmes antes de que Casación resuelva su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder efecto práctico, porque el expediente ya habría quedado cerrado.
Para sostener su derecho a recurrir, citó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, y los derechos de las víctimas reconocidos por la ley, entre ellos el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.
El informe de la DATIP bajo discusión
Otro punto central de la apelación está relacionado con el informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa. Martínez de Giorgi aludió a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada y consideró que eso afectaba la valoración probatoria del informe.
Marchetto objetó ese razonamiento. Afirmó que el sumario no acreditó que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado. También señaló que la fiscalía de Taiano recibió el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.
Por eso planteó que sigue siendo necesario explicar por qué ese contenido no se comunicó oportunamente al juzgado y a las partes.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
