Amnistía Internacional sostuvo que los cambios registrados en Venezuela después del 3 de enero no han resuelto la crisis estructural de derechos humanos…
Amnistía Internacional sostuvo que los cambios registrados en Venezuela después del 3 de enero no han resuelto la crisis estructural de derechos humanos ni han desmantelado la política de represión que, según la organización, sigue vigente. La directora para las Américas, Ana Piquer, pidió además que se permita el acceso de la Misión de Determinación de los Hechos a Venezuela y que se renueve su mandato.
La situación de fondo, sin cambios
Durante el foro Espacio cívico, participación democrática y derechos humanos en Venezuela, realizado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Panamá, Piquer señaló que, aunque en el contexto venezolano ha habido una “mutación”, la situación de fondo permanece igual.
“Compartimos el análisis de que este cambio no está resolviendo en lo absoluto lo más estructural de la crisis de DDHH y no está desmantelando la política de represión que estaba instalada desde el gobierno de Nicolás Maduro y que ahora, en definitiva, está intacta”, afirmó.
Detenciones, procesos judiciales y marco legal
Piquer indicó que, pese a la liberación de cientos de presos políticos, todavía hay personas sometidas a procesos judiciales y más de 400 detenidos por razones políticas. También advirtió que los anuncios de reforma judicial no han alterado el entramado legal que, a su juicio, ha sido usado para perseguir a la disidencia.
“Todo el entramado legislativo e institucional que se utilizó para perseguir a la disidencia sigue intacto”, dijo, al citar como ejemplo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como Ley contra las ONG.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional añadió que los cambios en algunas autoridades no se han traducido en transformaciones de fondo. “No ha habido un cambio de gobierno real y no se ha sancionado a nadie. No hay ni un atisbo de conseguir justicia por los crímenes de lesa humanidad que viene ocurriendo desde hace más de una década”, expresó.
Monitoreo internacional y acceso al país
La organización insistió en que los mecanismos internacionales de seguimiento siguen siendo esenciales en Venezuela. Piquer destacó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha documentado patrones de violaciones de derechos humanos, ha recogido testimonios y ha preservado pruebas que podrían ser relevantes para eventuales procesos de justicia en el futuro.
En ese contexto, Amnistía Internacional pidió que se autorice el ingreso de la misión al país “para que los expertos puedan llevar a cabo el mandato que otorgó el Consejo de Derechos Humanos y puedan constatar en terreno, desde cosas básicas como liberaciones hasta hacer una investigación más amplia”.
La organización también solicitó que se renueve el mandato de la misión, que concluye este año. “Este no es el momento de detener el proceso”, insistió Piquer, al advertir que no se debe asumir que la situación mejoró solo porque ocurrieron algunos cambios.
Piquer reiteró que la Misión de Determinación de los Hechos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas son fundamentales para documentar lo ocurrido en Venezuela, exigir rendición de cuentas y sentar bases para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
