Caracas. El chavismo impulsó una reducción de impuestos en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer inversión privada al sector petrolero, pero los vacíos fiscales y la opacidad en los acuerdos amenazan la rentabilidad de los proyectos, según especialistas.
La reforma, aprobada en enero, transformó el marco regulatorio y disminuyó las cargas tributarias para operadores internacionales. Sin embargo, el texto legal presenta lagunas que podrían paralizar iniciativas estratégicas si no se corrigen a tiempo.
Claves
- —La ley reduce impuestos pero mantiene vacíos fiscales que afectan la viabilidad de proyectos.
- —El impuesto integrado se calcula sobre ingresos brutos, no sobre renta neta, lo que podría violar el principio de capacidad contributiva.
- —La compensación de pérdidas fiscales está limitada a 3 años y un tope de 25%, insuficiente para el sector.
- —No hay claridad sobre el uso del dólar como moneda funcional para el ISLR ni sobre la deducibilidad de regalías.
Un modelo con fallos impositivos
Durante el foro Efectos fiscales para los operadores de actividades primarias de hidrocarburos, organizado por el Grupo IDEAS para Venezuela entre el 24 y el 25 de septiembre, los expertos Juan Korody y Rafael Pacheco analizaron el nuevo marco normativo.
Korody explicó que Venezuela pasó de un modelo de empresas mixtas —donde el Estado mantenía la mayoría accionaria— a uno que permite la participación de operadores privados mediante los Contratos de Desarrollo de Actividades Primarias en Hidrocarburos (CAPD). En este esquema, las empresas privadas asumen los costos, riesgos y la ejecución directa de la extracción, y pueden adquirir la propiedad del crudo una vez extraído.
El especialista destacó que el nuevo régimen sustituye los múltiples tributos anteriores por una regalía única de hasta 30% y un impuesto integrado de hasta 15%, con alícuotas adicionales entre 20% y 35% según el tipo de campo. Además, contempla reducciones de hasta 5% para proyectos en mar adentro o con plantas de mejoramiento de crudo extrapesado.
Vacíos legales que generan incertidumbre
Korody criticó que el impuesto integrado se liquide sobre los ingresos brutos devengados —el dinero total recaudado antes de restar gastos— y no sobre la renta neta, lo que podría entrar en conflicto con el principio constitucional de capacidad contributiva. «Cuando calculas un tributo sobre ingresos brutos no le estás preguntando al contribuyente si tiene ganancia o pérdida», advirtió.
Por su parte, Pacheco señala que la distinción entre campos no desarrollados —que requieren inversiones iniciales multimillonarias— y campos en explotación —áreas ya maduras— puede representar una diferencia de entre 10% y 15% en la carga fiscal. Además, la revisión por equilibrio económico, limitada a una vez cada cinco años y a un máximo de tres oportunidades, «puede parecer distante» en un mercado petrolero volátil.
Puntos críticos sin resolver
Los expertos coincidieron en que la primera ronda de contratos no resolvió varios problemas clave:
- Falta de reglas claras sobre el uso del dólar como moneda funcional para el Impuesto sobre la Renta (ISLR).
- Límite de tres años y tope de 25% para la compensación de pérdidas fiscales, considerado insuficiente para un sector con altas demandas de inversión inicial.
- Incertidumbre sobre la deducibilidad de las regalías y del impuesto integrado.
- Imposibilidad de recuperar los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que eleva los costos en un 16% no recuperable.
Pacheco subrayó que este último punto «retrasa o hace inviables» las evaluaciones de proyectos. Además, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) distorsiona la toma de decisiones financieras.
¿Es suficiente el nuevo régimen?
Ante la pregunta de si el nuevo marco es más atractivo para los inversionistas, Korody respondió que sí, pero «puede ser insuficiente» si no se corrigen las deficiencias. Pacheco, por su parte, reconoció una reducción en la participación fiscal del Estado, pero alertó que otras jurisdicciones ofrecen condiciones más eficientes y predecibles.
Ambos coincidieron en la necesidad de una reforma integral que armonice la legislación tributaria con la realidad operativa del sector, garantizando un equilibrio entre la recaudación estatal y la rentabilidad de las inversiones privadas a largo plazo.
