El acuerdo petrolero firmado entre el Gobierno de Donald Trump y North American Blue Energy Partners, la empresa controlada por Alejandro Betancourt, otorga ventajas comerciales y societarias a sus accionistas, pero no recoge una obligación contractual expresa que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca dice que Venezuela recibiría en 25 años.

Una investigación de ProPublica, publicada el 20 de octubre, revisó un convenio de asociación estratégica de 18 páginas y documentos complementarios. El pacto fue suscrito por Marco Rubio y Pete Hegseth, junto con Betancourt y Orlando José Alvarado Moreno, representante de la matriz de la empresa, registrada en Barbados.

Alvarado, antiguo colaborador de Betancourt, fue vinculado por Cuentas Claras Digital con Derwick Associates, donde ocupó la vicepresidencia de Finanzas, y con sociedades ligadas a negocios petroleros y financieros, entre ellas Gazprombank Latin America Ventures. En 2019, el Miami Herald lo señaló como el denominado «Conspirador 4» en el caso Money Flight, por presunto lavado de 1.200 millones de dólares procedentes de PDVSA.

Las condiciones del pacto

El contrato concede al Gobierno estadounidense el derecho a adquirir el 35 % de la sociedad matriz de NABEP y a comprar el 20 % de su producción petrolera a 30 dólares por barril, sin incluir ciertos costos de los diluyentes usados para mover el crudo pesado venezolano. También le da prioridad para adquirir el resto de la producción durante 50 años y la opción de comprarla toda si declara una emergencia nacional.

La participación accionaria de Estados Unidos se instrumentará mediante derechos de adquisición de acciones a un centavo de dólar por título, sin desembolso inicial. Su ejecución depende de documentos adicionales y condiciones de cierre, por lo que todavía no puede darse por concretada la entrada efectiva del Pentágono en el capital de la compañía.

ProPublica también señaló que la estructura de gobierno corporativo dificulta la destitución de Betancourt como director ejecutivo y limita la capacidad de futuras administraciones para cambiar las condiciones del negocio. La junta tendrá siete miembros, con mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por Washington, sin voto. Para removerlo se necesitará el apoyo de cinco consejeros, la misma mayoría reforzada exigida para modificar la junta o aprobar determinadas operaciones con accionistas.

La estructura inicial se mantendrá por 15 años y no prevé la presencia obligatoria de representantes del Estado venezolano, aunque las operaciones recaen sobre recursos petroleros del país. La documentación revisada tampoco identifica a todos los inversores, en una matriz constituida en Barbados, jurisdicción que restringe el acceso público a esa información.

La Casa Blanca había presentado el pacto como una vía para generar 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante 25 años. Sin embargo, ProPublica no encontró una cláusula que obligue a NABEP a asegurar ese monto.

El acuerdo dispone que los conflictos entre NABEP y el Gobierno estadounidense se resolverán bajo la legislación de Estados Unidos, ante un tribunal federal de Texas. Además, obliga a la empresa a mantener controles contra el blanqueo de capitales, someterse a auditorías externas y entregar información financiera a las autoridades estadounidenses, aunque sin exigencia de publicación de esos documentos.

En septiembre, Rubio defendió la selección de NABEP al presentarla como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para elevar la producción. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos petroleros mediante la firma auditora KPMG y que el proyecto permitirá efectuar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela.

Las revelaciones añaden nuevos elementos a las controversias sobre la participación de Betancourt en el esquema petrolero entre Washington y Caracas. El empresario ha sido objeto de investigaciones por presunto blanqueo de capitales en Europa, mientras legisladores estadounidenses han pedido explicaciones sobre los términos del acuerdo, las facultades del Pentágono para participar en una empresa privada y los mecanismos para evitar conflictos de intereses.

La documentación permite conocer las garantías concedidas a los socios privados, los derechos comerciales otorgados a Washington y las restricciones para modificar el control de NABEP. Pero siguen sin aclararse la identidad de todos sus beneficiarios finales, el alcance de los compromisos de financiación y las obligaciones económicas concretas frente a Venezuela.