La quema de gas en el oriente venezolano volvió a quedar en el centro del debate público por sus implicaciones económicas, ambientales e institucionales.…
La quema de gas en el oriente venezolano volvió a quedar en el centro del debate público por sus implicaciones económicas, ambientales e institucionales. Omar Ávila sostuvo que este fenómeno expone una contradicción de fondo en un país con abundantes recursos y amplias carencias sociales.
Una señal de ineficiencia y pérdida de valor
Ávila planteó que las antorchas de gas flaring no deben verse solo como un problema técnico o un pasivo ambiental. A su juicio, esta práctica refleja una ineficiencia institucional profunda y también el aislamiento estructural de Venezuela frente a los mercados globales.
El dirigente afirmó que, en un contexto de necesidades materiales agudas y salarios irrisorios, la destrucción de gas en la atmósfera representa una pérdida neta de oportunidades para la nación, además del impacto sobre el ambiente.
También advirtió que el país no requiere “milagros ideológicos”, sino liderazgos con capacidad para dirigir al Estado y superar lo que calificó como la paradoja de la abundancia: grandes recursos naturales junto a precariedad social.
Inversión, reglas claras y horizonte de largo plazo
En su planteamiento, cualquier debate sobre participación privada en proyectos de aprovechamiento energético debe partir de un marco técnico de mitigación y compensación inmediata para el entorno biológico y humano, y no de una retórica de concesión discrecional.
Ávila sostuvo que la atracción del capital necesario para reingenierizar estos sistemas choca con la arquitectura institucional vigente, porque la inversión en infraestructura energética exige estabilidad jurídica durante dos o tres décadas para recuperar el monto aportado.
Según su visión, las dinámicas legislativas recientes, marcadas por la aprobación acelerada de normativas de control fiscal punitivo y por una mayor centralización institucional, responden a una lógica de corto plazo enfocada en la reacción táctica y en la captura inmediata de rentas.
Ese desfase entre el plano legal y la realidad material, añadió, eleva el riesgo país y limita la capacidad del Estado para negociar en mejores condiciones, al priorizar el control político por encima de la claridad regulatoria.
Soberanía, soberanía y nuevos esquemas contractuales
El dirigente de Unidad Visión Venezuela afirmó que la transición energética también obliga a redefinir el concepto de soberanía, más allá del control territorial pasivo o de la presencia militar en áreas estratégicas del subsuelo.
En ese marco, consideró necesario apostar por nuevos liderazgos capaces de negociar en condiciones de igualdad, impulsar transferencias tecnológicas de punta y resguardar el bienestar de su base social dentro de nuevos pactos.
Ávila señaló que normalizar la quema de riqueza energética mientras persiste la precariedad en los sectores más vulnerables evidencia una grave impotencia operativa.
Para que los proyectos internacionales de aprovechamiento energético dejen de ser borradores cerrados, planteó que el acceso al recurso debe condicionarse mediante políticas públicas transparentes.
También sostuvo que los contratos bajo regímenes especiales o en zonas de excepción deberían dejar atrás el esquema de regalías líquidas, al que consideró vulnerable a la opacidad burocrática, y avanzar hacia fideicomisos de infraestructura de ejecución directa y descentralizada, auditados con sistemas abiertos de datos en el terreno.
Como propuesta concreta, defendió un modelo de “Obras por Regalía Energética Directa” dentro de las Zonas Económicas Especiales, en el que licencias para consorcios internacionales permitan capturar gas asociado o instalar enclaves tecnológicos, como centros de datos modulares, siempre condicionadas a la ejecución inmediata de un plan de mitigación y compensación del entorno biológico y humano.
Ese plan, de acuerdo con su planteamiento, incluiría la construcción y operación directa de mini-redes eléctricas para hospitales locales, plantas potabilizadoras de agua y la reactivación de cadenas de frío para productores agrícolas de la región.
Ávila concluyó que la viabilidad de revertir esta situación no depende de ampliar la burocracia, sino de rediseñar las concesiones y las reglas contractuales para convertir la riqueza energética en beneficios tangibles para la población.
