Líderes del pueblo secoya de la Amazonía peruana viajaron a Lima para exponer ante autoridades y organizaciones civiles el conflicto territorial que atraviesan, mientras su caso sigue en manos del Tribunal Constitucional tras decisiones judiciales opuestas.

Las comunidades nativas San Martín de Porres, Mashunta y Vencedor-Wajoya presentaron en 2021 una demanda contra la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Loreto para pedir que su territorio sea titulado de forma integral como propiedad y no bajo la figura de cesión de uso, aplicada a la mayor parte del terreno. En octubre pasado, una delegación secoya se reunió en la capital peruana para insistir en ese reclamo y denunciar las amenazas que rodean su espacio ancestral.

Secoya de Perú reclaman titulación integral de su territorio

Un territorio fragmentado y bajo presión

Guido Sandoval, jefe de la guardia indígena de la Organización Indígena Secoya, sostiene que el Estado no debe dejar sus tierras expuestas a futuras concesiones petroleras o madereras. El abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, explicó que alrededor del 80 % del territorio fue entregado en cesión en uso y solo el 20 % como propiedad. El informe del Instituto de Defensa Legal sobre tierras con aptitud forestal y cesión en uso puede consultarse en informe del Instituto de Defensa Legal.

Secoya de Perú reclaman titulación integral de su territorio

El Juzgado Mixto de El Estrecho declaró fundada la demanda el 31 de octubre de 2024 y ordenó rectificar los títulos de ampliación de propiedad para incorporar las áreas forestales. Después, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto revocó esa decisión y el expediente llegó al Tribunal Constitucional.

Además de la disputa jurídica, el pueblo secoya enfrenta narcotráfico, minería ilegal y presencia de grupos armados en la frontera con Ecuador y Colombia. Sandoval recordó que en 2012 se concedió el Lote petrolero 117 en Loreto, de 13.865 kilómetros cuadrados, otorgado en 2006 a Petrobras, y que la concesión fue anulada tras el rechazo de las comunidades; el geoportal de Perupetro ya no muestra lotes petroleros en ese territorio.