Con la firma de 12 diputados, Renovación Popular presentó en el Congreso de Perú una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quien acusa de presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad. El pedido incluye su destitución e inhabilitación por diez años.
El origen del choque con el JNE
La acusación surge a partir de la Resolución N° 4557-2026-JNE, aprobada por tres votos contra dos. Ese criterio estableció que quien hubiera ejercido la alcaldía en el período inmediato anterior y resultara elegido ahora como primer regidor no podría asumir ese cargo, en aplicación del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.
Desde el Congreso, Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular en la Cámara Baja, dijo que cuando un funcionario público trasgrede la Constitución puede enfrentar consecuencias como la destitución y la inhabilitación por diez años. También afirmó que la agrupación está indignada y que la resolución merece revisión e investigación, al insistir en que ninguna autoridad puede extralimitarse de sus facultades.
Rocha sostuvo además que no aceptarán cambios en las reglas después de la elección y pidió respetar la voluntad popular.
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Varas Seguin, de Juntos por el Perú. Renovación Popular tiene tres de los 25 integrantes de esa comisión, por lo que necesitará apoyo de otras bancadas para avanzar.
Qué tendría que pasar en el Congreso
El trámite previsto comienza con la calificación de la denuncia en la comisión. Si recibe visto bueno, el informe pasa al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate. De allí, si prospera, se abre una fase de investigación con notificación al denunciado, descargos y audiencia.
El reglamento solo contempla dos salidas para el informe final: acusar o archivar. Si el Pleno aprueba la acusación, se designa una comisión acusadora de tres diputados, que llevará el caso ante el Senado. Allí se expondrán los cargos, el denunciado tendrá derecho a defensa, se debatirá y luego se votará.
Los expertos y sus lecturas
Delia Muñoz, abogada constitucionalista y exministra de Justicia, señaló que Burneo, en tanto juez de la Corte Suprema, está comprendido en el antejuicio político previsto en el artículo 99 de la Constitución. Añadió que esa protección se extiende por cinco años después de cesar en el cargo y que el Tribunal Constitucional ya lo zanjó en su sentencia 152/2025, de julio del año pasado.
Muñoz dijo que, en los aspectos formales, la denuncia entra dentro de ese marco. Sobre el fondo, sostuvo que todo dependerá del material probatorio y de cómo sea sustentado y valorado en el Congreso, donde —recordó— la mayoría tiene una tendencia opuesta a Renovación Popular.
Natale Amprimo, por su parte, afirmó que todos los peruanos y, en especial, los funcionarios públicos, deben cumplir y hacer cumplir la Constitución, que prohíbe expresamente la reelección de alcaldes. A su juicio, la postura del JNE se ajusta a la Carta Magna, aunque criticó la demora del organismo para aclarar el panorama.
Amprimo agregó que el antejuicio busca evitar denuncias movidas por razones políticas. Sostuvo que este caso tiene motivaciones políticas y que no debería prosperar en el Congreso.
Alejandro Rospigliosi también rechazó la viabilidad de la acusación. Consideró que carece de anclaje constitucional y que no puede cometer infracción quien defiende la Constitución. Además, señaló que Renovación Popular no tendría los votos necesarios en la Cámara de Diputados y que el caso no llegaría al Senado.
En suma, la disputa abre un pulso entre la bancada de López Aliaga y el organismo electoral, pero su futuro dependerá de una correlación de fuerzas parlamentarias que, por ahora, luce cuesta arriba para los denunciantes.

