La bancada de Renovación Popular, a iniciativa del diputado Frank Krklec, presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 1141 y regular la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en Perú. La propuesta busca facultarla a realizar operaciones y recolectar información con el objetivo de proteger la seguridad nacional, pero bajo nuevas condiciones de control.
Control judicial y límites a la inteligencia
El texto establece que todo procedimiento especial que implique la restricción de derechos fundamentales deberá contar con autorización judicial previa. En casos de peligro grave e inminente, la solicitud será tramitada con carácter urgente y preferente ante un juez superior ad hoc. Además, precisa que ninguna autoridad administrativa podrá sustituir esa autorización.
La iniciativa incorpora el artículo 35-A, que prohíbe usar esas capacidades para obtener información de personas exclusivamente por sus opiniones políticas, actividad periodística, creencias religiosas, afiliación sindical o participación lícita en organizaciones políticas, sociales o civiles. También impide que las facultades de inteligencia se empleen para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés.
Denuncias de órdenes irregulares y formación especializada
Otro punto del proyecto señala que una orden irregular no genera deber de obediencia y que reportarla no constituye una infracción. También dispone que la identidad del denunciante será reservada y prohíbe cualquier represalia derivada de una comunicación realizada de buena fe.
