El gobierno de Keiko Fujimori prevé crear en las próximas semanas un registro de organizaciones criminales que empleen técnicas similares a las del terrorismo, entre ellas atentados con explosivos, como parte del paquete de normas en seguridad ciudadana que saldrá al amparo de las facultades delegadas por el Congreso bicameral.

La medida se plantea mediante una modificación a la Ley contra el Crimen Organizado y, según lo detallado en la delegación, extenderá a esas redes las técnicas especiales de investigación, el régimen de ejecución penal y los mecanismos de cooperación internacional previstos para el delito de terrorismo.

Las cinco redes que entrarían primero en la lista

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno adelantaron que las primeras organizaciones incluidas serían Los Choneros, de Ecuador; el Comando Vermelho, de Brasil; el Tren de Aragua, de Venezuela; y, además, las peruanas La Jauría y Los Pulpos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, confirmó luego que ese sería el arranque de la lista.

Álvarez sostuvo que el registro quedará abierto para incorporar no solo a organizaciones que operan dentro del Perú, sino también a redes transnacionales con presencia en otros países y en territorio peruano. También afirmó que la sola pertenencia a una organización inscrita traerá consecuencias penales, sin necesidad de que la persona haya cometido un acto delictivo específico.

Los criterios que baraja el Ejecutivo

Otras fuentes del Ejecutivo precisaron que la inclusión en el registro dependerá de criterios como la existencia de una estructura, el uso de acciones armadas, el control territorial y un alzamiento en armas contra el Estado de derecho, uno de los cambios que se introducen en la norma.

Según esas versiones, también se prepara un equipo especial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ejecutar operaciones con presencia de la fiscalía cuando exista el marco legal correspondiente. Las mismas fuentes indicaron que se estudia la compra de armas de corto alcance para los militares, bajo el argumento de que el armamento actual no es el adecuado para zonas urbanas.

Las dudas sobre el alcance de la medida

Ernesto Álvarez dijo que el decreto legislativo saldrá en aproximadamente un mes, porque todavía deben conciliar el texto con varios sectores. Aseguró además que su despacho será minucioso para evitar correcciones posteriores.

El exministro del Interior Carlos Basombrío dijo que las organizaciones mencionadas sí deberían estar en ese registro, aunque advirtió que existen cientos de redes delictivas con capacidad de daño en zonas específicas del país. Por su parte, el ex viceministro de Orden Interno Ricardo Valdés señaló que la eficacia del mecanismo dependerá de que se definan criterios objetivos para calificar e inscribir a las bandas, porque los parámetros que se han mencionado hasta ahora le parecen amplios.

Valdés también remarcó que el uso de la fuerza letal por policías y militares ya tiene límites legales y que no se trata de un cheque en blanco. Basombrío, en cambio, cuestionó la idea de un comando único y sostuvo que una respuesta militar en las calles no resolverá el problema de la extorsión.