El Poder Ejecutivo oficializó este 21 de noviembre el Decreto Legislativo N° 1746, con el que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado para crear el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte), tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
La norma fue promulgada el 20 de noviembre y, según el texto, busca reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad de extrema violencia.
El Renocte quedará bajo manejo reservado
La nueva legislación establece que la implementación y administración del Renocte estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), bajo un esquema informativo de carácter secreto.
Para plantear la inclusión de una organización, Sedena evaluará tres criterios: que exista una estructura delictiva organizada y jerarquizada; que haya planificación, ejecución o promoción de atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra; y que la actividad busque un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.
También habrá penas y congelamiento de fondos
El decreto incorpora el artículo 317-C al Código Penal para sancionar la instrumentalización del terror con penas de entre 15 y 35 años de prisión.
Además, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a disponer el congelamiento inmediato de fondos de las organizaciones registradas.
El documento está firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y por los ministros de Defensa, Interior y Justicia, Rafael Belaúnde, César Astudillo y Ernesto Álvarez, respectivamente.
Cómo se activará la inscripción
Ernesto Álvarez explicó que los órganos de inteligencia del Estado elevarán las evidencias a Sedena para proponer la inscripción de las bandas, y que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) debatirá y aprobará esas inclusiones.
El ministro añadió que la medida abarcará a toda la cadena delictiva, incluyendo a quienes financien, alquilen armamento, preparen explosivos, laven dinero o presten sus cuentas bancarias para esas operaciones.
Álvarez también señaló que este decreto forma parte de un paquete de cuatro normas aprobadas en la sesión ministerial para intensificar la lucha contra el crimen organizado.




