Andrea Medina y Jenny Samanez retiraron su firma del proyecto que busca amnistiar a Pedro Castillo. La iniciativa sigue en debate y depende de la correlación de votos en la Comisión de Justicia.
El proyecto de amnistía para Pedro Castillo perdió a dos de sus primeras firmantes en el Congreso peruano. Andrea Medina y Jenny Samanez, del Partido Cívico Obras, retiraron su apoyo a la iniciativa que impulsa Catherine Palomino, de Juntos por el Perú.
Las dos parlamentarias desistieron a menos de una semana de la presentación formal del texto, en medio de una discusión que puede definirse en la Comisión de Justicia. Allí, los votos del Buen Gobierno podrían ser decisivos.
Dos firmas menos en un proyecto sensible
Medina remitió un documento al oficial mayor de Diputados, Hugo Rovira, el 5 de noviembre, para pedir que se eliminara su rúbrica. Samanez hizo lo mismo el 4 de noviembre de 2026.
Medina explicó que su decisión era individual, en su condición de firmante, y que no comprometía al resto de diputados que suscribieron la propuesta. No dio otras razones públicas para apartarse del texto.
Samanez, consultada por el diario, dijo que retiró su firma después de conocer el alcance de la iniciativa. Al ser preguntada por la gestión de su adhesión, afirmó que quien la invitó a suscribirla fue Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú y actual jefe del Gabinete de Asesores de la bancada de izquierda en el Senado.
“Apenas me enteré de que se trataba, retiré mi firma”, dijo Samanez.
“Me pidió el señor Sánchez. Él mismo me pidió [suscribir el proyecto]”, agregó.
El vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, sostuvo que las decisiones de sus colegas fueron personales y no respondieron a una posición de bancada. Sobre la posibilidad de más retiros, respondió: “por parte de Obras creo que no”.
Qué abarca la propuesta de amnistía
El texto plantea dos vías de amnistía: una por los hechos vinculados al mensaje del 7 de diciembre de 2022 y otra por actos asociados a protestas sociales. La iniciativa excluye los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
En el primer supuesto, comprende a todas las personas que hayan intervenido en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso que Castillo emitió ese día.
El documento también precisa que la amnistía cubre a quienes participaron en los hechos señalados en el artículo 4, “en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal”.
El segundo supuesto extiende el beneficio a hechos ocurridos desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas, movilizaciones, paros y otras acciones colectivas de naturaleza política y social desarrolladas en el país durante la crisis de ese período.
El principal beneficiado sería Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión tras el golpe de Estado de diciembre de 2022. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo.
La votación que puede definir el camino
El futuro del proyecto dependerá de la posición de los integrantes de la bancada del Buen Gobierno. Sus tres representantes en la Comisión de Justicia podrían inclinar el resultado de la iniciativa.
De los 20 miembros de ese grupo de trabajo, nueve pertenecen a agrupaciones de izquierda y ocho a partidos de derecha. Los tres restantes son Romina Uribe, Edgar Gonzáles y Rossana Alayza, del Buen Gobierno.
Sus votos pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
