Este domingo 1 de noviembre, más de 3.3 millones de peruanos podrán participar en las elecciones de autoridades de centros poblados, un proceso en el que se elegirá a un alcalde y cinco regidores por cada localidad. La votación busca renovar autoridades cercanas a comunidades alejadas de las capitales de distrito.

Qué hacen y qué no hacen

Óscar Matutti, especialista en derecho electoral, explicó que las funciones de estos alcaldes dependen de los servicios que les deleguen las municipalidades provinciales y distritales. Entre sus tareas está representar las necesidades de los vecinos y canalizar pedidos ante las entidades competentes.

Matutti indicó que, si la comunidad necesita una carretera, agua potable, infraestructura educativa o mejoras en un establecimiento de salud, la autoridad del centro poblado debe gestionar esas demandas. También señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades les reconoce participación en el presupuesto participativo y prevé recursos económicos para atender funciones delegadas.

Cómo se organiza la elección

A diferencia de las elecciones regionales y municipales, este proceso está a cargo de las municipalidades provinciales, con participación de las municipalidades distritales y de los organismos electorales. Román Campos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, dijo que el proceso fue convocado por el alcalde provincial y ejecutado por esa misma autoridad en coordinación con la municipalidad distrital.

Campos añadió que la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprueba el cronograma electoral, mientras que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil elabora y actualiza el padrón electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, supervisa, fiscaliza y brinda asesoramiento durante todo el proceso.

Hasta dónde llegan sus competencias

El especialista advirtió que estas autoridades no pueden crear impuestos ni asumir competencias reservadas a otras municipalidades. En materia de obras públicas, precisó que no pueden decidir por cuenta propia su ejecución y deben respetar los procedimientos establecidos por ley.

Además, el uso de los recursos que reciben está sujeto a normas financieras y presupuestarias, así como a la obligación de rendir cuentas.