Denuncia ante la Corte Interamericana en Panamá

El fray español nacionalizado nicaragüense Rafael Aragón, exiliado desde 2022, denunció en Ciudad de Panamá presuntos actos de persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua y pidió a los gobiernos de la región y a las autoridades eclesiásticas una respuesta más firme.

Aragón explicó que está en Panamá para participar en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que su visita forma parte de los esfuerzos para denunciar las restricciones que, según dijo, enfrentan sacerdotes, obispos y otros representantes de la Iglesia.

“Hemos venido, sobre todo, a denunciar la persecución religiosa”, afirmó, al insistir en que la población panameña conozca la situación de la comunidad religiosa nicaragüense.

Relata su salida de Nicaragua en 2022

El sacerdote sostuvo que la Iglesia católica enfrenta limitaciones para pronunciarse contra las violaciones de derechos humanos y cuestionó que el régimen permita determinadas procesiones mientras, según dijo, mantiene restricciones a otras manifestaciones religiosas en espacios públicos.

Según su testimonio, salió de Nicaragua en 2022 después de denunciar desde una emisora de radio los ataques contra manifestantes que exigían libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Dijo que la emisora funcionaba en Chinandega y que allí murieron siete personas durante las manifestaciones.

Aragón aseguró que conocía a quien había disparado y que decidió denunciarlo públicamente. Tras esos hechos, relató que tuvo que esconderse durante un mes y luego abandonar el país. Cuando intentó regresar, dijo que le comunicaron que no podía ingresar nuevamente a Nicaragua.

Pide presión política y eclesiástica

El religioso explicó que, a su juicio, la persecución contra la Iglesia busca limitar el liderazgo religioso y evitar que sus representantes se pronuncien sobre la situación política y social del país.

En NoticiasAM, llamó a los gobiernos latinoamericanos a “romper el círculo del silencio”, en especial al de Panamá, para que adopten medidas que vayan más allá de los pronunciamientos públicos. Entre sus peticiones mencionó la posibilidad de suspender las relaciones diplomáticas y económicas con Nicaragua.

También pidió a la Iglesia católica internacional que se pronuncie y promueva acciones coordinadas para denunciar la persecución religiosa. Añadió que, junto con otros representantes, acudió a Roma para solicitar al papa una posición más firme en solidaridad con Nicaragua.

Aragón aclaró que los sacerdotes pueden celebrar misas en Nicaragua, pero sostuvo que enfrentan restricciones para realizar actividades religiosas en las calles. A su juicio, la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la libertad religiosa, la democracia y el Estado de derecho son principios que generan tensiones con el gobierno nicaragüense.