El gremio advierte que siguen sin reunirse las autoridades penitenciarias y que persisten el hacinamiento, las quejas por comida y la descoordinación institucional.
A cinco meses de la fuga masiva en La Joyita, el Colegio Nacional de Abogados sostiene que no hay avances visibles en el sistema penitenciario panameño. Su presidenta, Maritza Cedeño, afirmó que siguen sin reunirse con las autoridades y que persisten problemas de hacinamiento, alimentos y coordinación.
El gremio también cuestionó que no se haya convocado al Consejo de Política Penitenciaria, instancia llamada a revisar las políticas del sector y a dar seguimiento a la situación de las cárceles.
Sin reuniones y con la crisis abierta
Desde el Colegio Nacional de Abogados, Cedeño aseguró que han enviado varias comunicaciones solicitando una reunión con la ministra y con el Consejo de Política Penitenciaria, pero que no han recibido respuesta.
«Le hemos mandado varias notas solicitándole una reunión, primero con los abogados, también que citase al Consejo de Política Penitenciaria. Y ha sido por el gusto, nadie nos ha llamado», dijo.
La abogada sostuvo que la falta de coordinación limita la supervisión de las políticas penitenciarias y la búsqueda de soluciones para las personas privadas de libertad. También afirmó que esta administración no ha convocado ningún consejo en más de dos años.
Más de 10 mil personas en hacinamiento
Según las estadísticas que maneja el Colegio Nacional de Abogados, el sistema penitenciario alberga entre 24 mil y 25 mil personas privadas de libertad, mientras la capacidad instalada ronda las 15 mil plazas. Cedeño dijo que eso deja al sistema con al menos 10 mil personas en hacinamiento.
La presidenta del gremio también cuestionó las condiciones de algunos centros penitenciarios del interior del país, donde las instalaciones funcionan dentro de dependencias de la Policía Nacional.
Agregó que la Ley de Carrera Penitenciaria, aprobada en 2016, contemplaba disposiciones sobre la custodia de los centros, la clasificación de los privados de libertad y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.
Comida, tarjetas y reclamos por desnutrición
Cedeño señaló que, después de la fuga masiva, se eliminó la posibilidad de que los familiares llevaran comida directamente a sus parientes detenidos y se implantó un mecanismo de compras mediante tarjetas.
«Si se invierte en 50 dólares, no le llega al privado de libertad los 50 dólares en mercancía que han comprado», afirmó al recoger las quejas recibidas por el gremio.
La abogada cuestionó que no exista una explicación pública sobre cómo opera el sistema, quién administra los fondos y cómo se garantiza la entrega de los productos. También dijo que han recibido reportes sobre personas privadas de libertad con cuadros de desnutrición y que planea coordinar una visita con la Defensoría del Pueblo.
En ese contexto, insistió en que el primer paso debe ser convocar al Consejo de Política Penitenciaria para revisar la situación de las cárceles, las capacidades institucionales y los recursos disponibles. «Todos queremos que la ley se cumpla», expresó.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
