El uso alternativo del derecho

Derecho es el conjunto de principios y normas que pretenden establecer la Justicia y el Orden mediante la regulación de las relaciones humanas en toda Sociedad y cuya observancia viene a ser impuesta de forma coactiva por el Estado. Con ello se trata de evitar el desorden y la injusticia en esas relaciones y evitar también que impere “la ley del más fuerte” sustituyéndola por los acuerdos mayoritarios adoptados por los representantes del pueblo a través del Estado, en un conjunto de Leyes acordadas para conseguir esos fines.

Los conceptos básicos que persigue la ley: son la justicia que consiste en dar a cada uno lo suyo o lo que se merece, y en segundo lugar el orden que necesariamente se sigue de su plasmación en las realidades sociales, obligando a todos a acatar y cumplir las disposiciones acordadas en el seno de las Instituciones en las que se organizan los pueblos.

Pero en democracia ocurre que las leyes propias del Derecho, no siempre reflejan la justicia objetiva como primer valor o virtud que se trata de implantar en la sociedad, sino que, según la mentalidad de quienes compongan la mayoría del Parlamento de un país democrática-mente elegido, que es el encargado de aprobar y promulgar esas leyes, pueden determinar el modo de organizar esa sociedad, muchas veces alejado de la justicia aunque se produzca un cierto orden fruto de esa mentalidad.

Se produce así un fenómeno que consiste en que esas leyes acordadas por mayoría, no aseguran la justicia, sino que por el contrario, establecen la injusticia. Son lo que se llaman leyes injustas que el Estado obliga a cumplir a todos sus ciudadanos. Por ejemplo en España tenemos la denominada Ley contra la violencia de género que, so capa de afirmar que tratan de defender a las mujeres acosadas por la violencia masculina, elimina la presunción de inocencia que es fundamental en un Estado de Derecho, y provoca la indefensión de los hombres ante el juez, obligado a su vez a cumplir lo que la Ley establece.

Es lo que se llama “el uso alternativo del derecho” que consiste en usar el derecho y las leyes emanadas de él, para imponer una determinada ideología que sustituye a la justicia objetiva, lo cual produce un engaño, un gravísimo fraude en las relaciones humanas que deben estar siempre presididas por la justicia verdadera, porque las pervierte de raíz.

Un mismo hecho delictivo, no puede castigado o penalizado de modo distinto según quién sea la persona mayor de edad que lo cometa: hombre o mujer, anciano o joven, culto o inculto, campesino o intelectual, porque entonces queda marginada la justicia y lesionada la igualdad de todos ante la ley, que es una premisa ineludible del auténtico derecho.

Si esto sucede con una ley –que discrimina a las personas por su condición- esa ley es injusta por naturaleza y se le denomina también “derecho de autor” porque se origina en un autor o autores que desconocen o se olvidan por interés propio, de la necesidad de atenerse a la justicia real. Esa ley promulgada así, sin garantías objetivas de justicia, no obliga a cumplirla moralmente a los ciudadanos que la sufren, aunque si obliga a los jueces que, en su función judicial, están siempre obligados a dictar sentencias coherentes con ella.

En este caso, los diputados parlamentarios que la aprobasen, incurrirían en patente prevaricación por soslayar una exigencia básica del derecho como es la justicia, salvo que lo hicieran a propósito para imponer a los demás sus criterios ideológicos.