La falta de una vivienda digna se ha convertido en una condena de larga duración para miles de venezolanos. Lo que debería ser una solución temporal se transforma en un estilo de vida permanente en espacios precarios, donde el hacinamiento y la falta de servicios básicos son la norma.
El impacto de los sismos en los albergues
La situación de vulnerabilidad se intensificó tras los eventos sísmicos ocurridos el pasado 24 de junio. Los movimientos telúricos causaron el colapso de varias paredes en los refugios improvisados, dejando a los habitantes expuestos a riesgos constantes. En estos espacios, familias enteras comparten baños y cocinas, enfrentando además problemas de salud por dormir en superficies inadecuadas.
La deuda habitacional y la crisis de gestión
La permanencia prolongada en estos espacios constituye una violación a los derechos humanos y al derecho a una vivienda digna establecido en la Constitución. Según Antonio Rivero, exdirector nacional de Protección Civil, la situación es sombría debido a la falta de planificación y la corrupción.
Rivero estima que el doblete sísmico podría afectar a un volumen masivo de la población, calculando que entre 50.000 y 100.000 familias podrían resultar damnificadas, lo que representaría entre 250.000 y 300.000 personas afectadas.
