1,2 millones barriles diarios de producción nacional

Impacto limitado de los sismos en los ingresos petroleros

Luis Vicente León declaró que los terremotos registrados en Venezuela «no han afectado los ingresos petroleros actuales ni la producción de crudo». Señaló que el aumento de la producción observado hasta ahora responde principalmente a la expansión de proyectos ya existentes, favorecidos por mejores precios internacionales y por la eliminación de descuentos que se aplicaban al crudo venezolano comercializado en mercados no autorizados.

Inversiones pendientes y desafíos regulatorios

El economista advirtió que la emergencia sí «podría retrasar las inversiones necesarias para incrementar la capacidad productiva del sector en los próximos años». Explicó que el crecimiento adicional previsto depende de nuevas inversiones privadas, especialmente en infraestructura eléctrica, recursos que ahora compiten con la atención de la emergencia causada por los terremotos.

León consideró que atender a los damnificados es lo más urgente y que el desafío consiste en combinar un manejo eficiente de los recursos públicos con apoyo internacional, financiamiento multilateral e inversión privada para impulsar la recuperación económica.

Sobre la reciente Ley de Hidrocarburos, indicó que su reglamento representa un avance porque mejora la transparencia en materia de regalías y ordena los procesos administrativos, aunque aún persisten aspectos por definir, como el tratamiento del impuesto sobre la renta y las condiciones para financiar inversiones en generación eléctrica y aprovechamiento del gas.

Además, señaló que es necesario adaptar la normativa del sector eléctrico y gasífero para que las empresas puedan recuperar las inversiones requeridas en esos ámbitos.

Finalmente, rechazó que la principal causa de la falta de expansión petrolera sea política y sostuvo que el mayor obstáculo radica en la necesidad de concretar contratos con condiciones rentables y estables para atraer nuevos capitales, estimando que aumentará la presión para cerrar esos acuerdos antes del 29 de julio, fecha límite establecida por la ley para adecuar los contratos existentes.