El fenómeno climático El Niño podría sumir a casi cinco millones de personas en la pobreza en Latinoamérica, incluyendo a Venezuela, donde sus efectos ya se sienten con fuerza. La respuesta, advierten expertos, debe ir más allá de medidas de emergencia y requerir una coordinación transversal entre sectores para mitigar impactos simultáneos en agricultura, agua y energía.
Impactos cruzados en un país ya vulnerable
La disminución de lluvias y el aumento extremo de temperaturas presionan sistemas interdependientes: la agricultura, el abastecimiento de agua y la generación eléctrica. Cualquier falla en estos sectores, explica Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), desencadena efectos en cadena sobre la economía y la calidad de vida de la población.
Para anticiparse, el especialista subraya la necesidad de identificar a los actores y sectores más expuestos. Sin embargo, la respuesta efectiva exige algo más: información confiable y coordinación entre organismos estatales, desde la gestión de riesgos hasta el sector agropecuario, pasando por energía e infraestructura.
“Todos esos elementos deberían estar sentados en conjunto, junto con actores de la sociedad civil y organizaciones clave, agrupados en torno a una institución que ayude a gestionar la crisis”, señala Benítez. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), por ejemplo, tendría un papel central al proporcionar datos climáticos precisos para la toma de decisiones.
Fondos insuficientes y capacidad institucional limitada
La coordinación, no obstante, requiere más que voluntades: necesita datos, transparencia y recursos. Mecanismos como bonos catastróficos o seguros climáticos podrían aliviar los daños, pero su implementación en Venezuela choca con limitaciones institucionales. “Honestamente, lo veo complicado”, admite Benítez sobre la posibilidad de generar estos instrumentos en medio de una contingencia.
En junio, la ONU anunció el desembolso de 100 millones de dólares para acciones ante El Niño en las Américas. Sin embargo, para el experto, esta cifra es “a todas luces insuficiente” para abordar una crisis de escala continental. En el ámbito agrícola, los seguros que cubren pérdidas por inundaciones o plagas dependen de un entorno donde las aseguradoras consideren viable asumir riesgos, algo que en Venezuela “está bastante deteriorado”.
“La producción actual asume el riesgo, el financiamiento y la gestión de agroinsumos por cuenta propia, porque la red de suministro está afectada”, explica Benítez. En este contexto, El Niño podría incrementar la presión sobre un sector que ya opera con márgenes ajustados.
El Estado no puede ser reemplazado por el sector privado
Aunque el sector privado tiene un rol en la preparación —incorporando riesgos climáticos a sus operaciones—, Benítez insiste en que la acción climática es responsabilidad compartida entre actores públicos y privados. El Estado debe orientar, establecer objetivos y generar políticas que permitan la continuidad de las actividades económicas y sociales.
“Los más vulnerables siempre son los menos favorecidos: comunidades empobrecidas y sectores económicos frágiles”, advierte. Para reducir esta vulnerabilidad, el Estado debe asumir un papel proactivo, ya que la preparación no comienza cuando el calor aumenta o los embalses bajan, sino con la capacidad de anticiparse y actuar antes de que una amenaza se convierta en emergencia.
