Al cumplirse 100 días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, miles de familias venezolanas permanecen en situación de desplazamiento. La destrucción de la infraestructura habitacional y la lentitud en las labores de recuperación impiden que los afectados puedan retornar a sus hogares, obligándolos a transitar entre refugios temporales y viviendas de familiares.
Impacto humano y crisis de vivienda
De acuerdo con los datos reportados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), al 24 de agosto se contabilizaron 6.509 fallecidos y 6.462 personas rescatadas tras los eventos sísmicos. El balance habitacional es crítico: de 60.000 viviendas evaluadas, 25.240 presentaron daños estructurales, lo que constituye hoy la principal causa de vulnerabilidad para los ciudadanos.
La situación se agrava por el cierre o reorganización de alojamientos temporales, dejando a muchas familias en un estado de incertidumbre. El organismo internacional enfatiza que la crisis requiere una atención integral que incluya asistencia legal, recuperación de registros de identidad y soporte en salud mental para los afectados.
Déficit en la respuesta humanitaria
A pesar de que Acnur ha desplegado más de 55 toneladas de ayuda humanitaria y brindado atención a 7.200 beneficiarios, los recursos resultan insuficientes. La organización ha logrado realizar 3.356 entregas de productos básicos y 1.286 intervenciones psicológicas, además de adecuar albergues con alumbrado solar y estructuras portátiles.
El reporte advierte que el deterioro socioeconómico afecta desproporcionadamente a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, quienes ya enfrentaban barreras previas para acceder a servicios básicos esenciales.
