A tres meses del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, el cual dejó más de 6.500 personas fallecidas y daños severos en distintas regiones del país con especial impacto en La Guaira, persisten profundas interrogantes sobre la atención a las víctimas, la reconstrucción de la infraestructura y el acceso a información pública oportuna y verificable. La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado y dejó vacíos informativos que aún no han sido solventados.
Durante las primeras horas posteriores a los movimientos telúricos, la ciudadanía enfrentó serias dificultades para conocer la magnitud de los daños, el número exacto de víctimas mortales, heridos y desaparecidos. Al cumplirse un mes de la tragedia, diversos sectores documentaron fallas en la respuesta institucional, problemas en la identificación y entrega de cuerpos, y obstáculos en la canalización de la ayuda humanitaria, situaciones que continúan vigentes noventa días después.
Desaparecidos y obstáculos en la identificación
Uno de los aspectos más sensibles tras la catástrofe es la situación de las personas que siguen sin ser localizadas. Noventa días después de la tragedia, se desconoce la cifra total de desaparecidos. Familiares de las víctimas han denunciado trabas burocráticas para acceder a los procedimientos científicos necesarios que permitieran identificar los cuerpos recuperados de los escombros. Entre los casos reportados figuran situaciones complejas en las que los dolientes debieron enfrentar largos trámites para poder retirar los restos de sus seres queridos.
Asimismo, la emergencia obligó al traslado masivo de cientos de familias hacia campamentos transitorios y refugios temporales en carpas. Hasta el momento no se ha divulgado el proceso de censo de todas las personas que perdieron sus viviendas, mientras las denuncias de los afectados continúan multiplicándose a través de las plataformas digitales ante la lentitud en las soluciones habitacionales.
