Ganaderos advierten que ley sobre actividad ganadera no aborda la violencia rural

Productores y gremios ganaderos consideran que el proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, no responde a la principal preocupación del sector: la inseguridad en el campo. Aunque la propuesta plantea un marco administrativo, tecnológico y de fiscalización integral, los consultados señalan que no incorpora sanciones para delitos que afectan la producción.

Críticas al alcance de la propuesta

El texto consta de 16 artículos y plantea como objetivo erradicar espacios de informalidad, resguardar el rebaño nacional y proteger las unidades de producción ganaderas. Sin embargo, representantes del sector advierten que en la norma no se tipifican ni se establecen penas para hechos como abigeato, hurto, robo, invasiones, tala y quema, entre otros.

Para los productores, sin condiciones de seguridad jurídica y confianza no es posible impulsar inversión ni desarrollo económico y social en el sector agropecuario.

Rechazo desde el sector y la Asamblea

El diputado opositor Alexis Algarra, quien además es productor agropecuario, expresó su rechazo a la iniciativa al considerar que no atiende la emergencia que atraviesa el campo venezolano. A su juicio, los ganaderos reclaman protección efectiva frente al abigeato, las invasiones de fincas, la extorsión, el secuestro, las amenazas, el robo de ganado y la violencia rural.

Antecedentes de una propuesta penal

Fedenaga llevó en 2021 ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de reforma de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera. En esa propuesta se advertía sobre el incremento del hurto de ganado en el país y sobre el impacto del abigeato en la vida de productores y trabajadores del campo.

La iniciativa planteaba sanciones de hasta 20 años de prisión para el robo de ganado a mano armada, y hasta 18 años para quien, mediante violencia o amenaza de graves daños inmediatos a personas o bienes, se apoderara de una o varias cabezas de ganado. También fijaba de seis a diez años de presidio para quien beneficiara ganado ajeno sin autorización de su dueño. Esa propuesta terminó sin avanzar en el Parlamento.

Falta de respuesta a la inseguridad rural

Otro productor consultado sostuvo que una ley urgente debe proteger el rebaño con penas de cárcel, al denunciar que, en la práctica, cuando capturan a un delincuente robando reses, permanece apenas unos días detenido y luego es liberado.

También cuestionó que el proyecto que impulsa el Parlamento hable de modernización tecnológica, trazabilidad biométrica y guías de movilización, mientras el Ministerio de Agricultura no dispone de infraestructura básica y, por falta de vehículos, las inspecciones terminan realizándose por teléfono.

Los productores insisten en que la expansión de la frontera agropecuaria debe venir acompañada de desarrollo rural, pero subrayan que, antes que cualquier otra meta, el sector requiere confianza, seguridad y justicia.