Ángela Plúa Santillán dejará la prisión preventiva tras una apelación en Pichincha. El tribunal le impuso grillete, presentaciones semanales y prohibición de salir del país.
Un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha revocó la prisión preventiva de la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa Santillán, dentro del caso Digitador, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada.
Tribunal sustituyó la prisión preventiva
En la audiencia de apelación celebrada este viernes 30 de octubre, las magistradas Juana Pacheco Cabrera y Diana Fernández León votaron a favor de sustituir la medida de encarcelamiento por restricciones menos severas. De inmediato, se ordenó la emisión de la boleta de excarcelación.
La decisión obliga a Plúa a presentarse cada lunes ante la Fiscalía correspondiente a su domicilio, no podrá salir del país y deberá portar un dispositivo de vigilancia electrónica.
Voto salvado y debate sobre las pruebas
El juez Lauro Sánchez Salcedo emitió un voto salvado y sostuvo que debía mantenerse la prisión preventiva. En su intervención dijo que existían elementos que vinculan presuntamente a Plúa con la estructura investigada por supuestas irregularidades en trámites de matriculación vehicular.
Entre esos elementos mencionó interceptaciones telefónicas de otros procesados, en las que se alude a una persona identificada como “alcaldesa”, “jefa” o doctora, además de seguimientos policiales y registros fotográficos. También reconoció que no existían interceptaciones telefónicas directamente atribuibles a la procesada.
Sobre un aneurisma de aorta sin ruptura que padece la autoridad, Sánchez indicó que no se ha establecido que corresponda al criterio de enfermedad catastrófica y expuso un argumento de riesgo para su vida.
En la misma audiencia, el tribunal rechazó los recursos de apelación de los otros nueve procesados y ratificó la medida de prisión preventiva en su contra. El 25 de junio, Plúa Santillán y los demás procesados fueron detenidos durante el operativo Digitador, que incluyó 18 allanamientos, incluso en el Municipio.
La investigación apunta a una presunta red que habría operado en agencias de tránsito de varios cantones de Manabí mediante la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas y certificados de revisión técnica vehicular. Según las indagaciones de la Fiscalía, la estructura habría estado integrada por funcionarios públicos, digitadores y tramitadores que cobraban entre 100 y 150 dólares para agilizar gestiones e incluso evadir requisitos.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
