El subjefe de los diputados de la UDI, Marco Antonio Sulantay, descartó que exista base para una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el cambio de criterio para conceder rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Aun así, sostuvo que el costo político del caso abre espacio para analizar una eventual renuncia.
Sin base para una acusación constitucional
En una entrevista en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, Sulantay afirmó que, según lo que ha visto, no se configura una infracción constitucional ni una falta administrativa. A su juicio, lo ocurrido se ajusta a la ley vigente, aunque el manejo político del episodio terminó por convertir un problema en una crisis.
Por eso planteó que, cuando existe un error político, las renuncias deben estar “arriba de la mesa” como posibilidad de análisis. Al mismo tiempo, remarcó que no le corresponde anticipar una decisión en ese sentido y que la potestad final recae en el Presidente de la República.
La presión política sobre el gobierno
Consultado sobre por qué el Presidente mantiene su respaldo a Rabat, Sulantay dijo que, en esta pasada, lo correcto ha sido apoyar a su equipo. Según explicó, el jefe de gobierno no habría recibido el golpe político de manera directa, pese a la gravedad de la crisis.
