JOHANNESBURGO, Sudáfrica (AP) — El cadáver de una joven activista antiapartheid a la que la policía sudafricana secuestró y torturó en 1983 nunca fue encontrado, la familia de ella jamás pudo llorarle en una tumba y los asesinos no fueron enviados a prisión.
Ahora, más de tres décadas después, los fiscales tienen previsto acusar a cuatro ex agentes por el homicidio de Nokuthula Simelane, cuya familia acudió a un tribunal para obligar a la Autoridad Nacional de Procuración de Justicia a que presente los cargos.
La medida contra los ex policías pasa a ubicarse en el centro de las tensiones de larga data en Sudáfrica en torno a los esfuerzos para la reconciliación entre los grupos raciales del país y el deseo de que se castigue a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante las traumáticas décadas que antecedieron a las elecciones multirraciales de 1994.
Sin embargo, el caso está enturbiado porque los agentes implicados reconocen que sí secuestraron y torturaron a la joven, pero aseguran que la liberaron después de que ella aceptara convertirse en informante.
