José Julio Neira reaccionó en X a los casos y denuncias que en los últimos días han salpicado al correísmo y a la administración municipal de Quito, al reunir en un solo mensaje el caso Laberinto, las investigaciones por contratos en la ciudad y los señalamientos por presuntas «vacunas» a servidores y proveedores.
La detención de Luisa González reactivó el caso Laberinto
Neira hizo su comentario después de la detención de Luisa González en Manabí, ocurrida el 22 de octubre de 2026, en el marco del caso Laberinto. Esa investigación indaga un presunto lavado de activos y posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Entre los elementos mencionados dentro del proceso figura el presunto movimiento de alrededor de $ 500.000 a través de empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Según los indicios reportados, esos recursos habrían estado relacionados con gastos electorales que no fueron declarados ante el Consejo Nacional Electoral.
La investigación también recoge mensajes en los que un ejecutivo vinculado a una de las compañías consulta a un contacto identificado como «Aquiles Alvarez 1» sobre el presupuesto de campaña y menciona montos de $ 300.000 y $ 500.000. La Fiscalía investiga a siete personas dentro de este caso y ejecutó órdenes de detención contra tres.
Allanamientos en Quito por contratos de la Epmmop
El segundo frente al que aludió Neira son los allanamientos ejecutados el 21 de octubre de 2026 por la Fiscalía y la Policía en oficinas del Municipio de Quito, en un consorcio ubicado en Rumiñahui y en el despacho de un abogado particular. Las diligencias forman parte de una investigación por presunto peculado.
Las autoridades buscan indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a los $ 4 millones. Los allanamientos también alcanzaron las oficinas de la Gerencia General de la Epmmop y las áreas de Secretaría General y Gestión Documental del Municipio.
Además, el concejal de Quito Michael Aulestia dijo haber presentado una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos de obras y asfalto adjudicados por la Epmmop, por un monto de $ 65 millones.
La denuncia por presuntos cobros a funcionarios municipales
El tercer elemento citado por Neira apunta a la denuncia presentada el 19 de octubre de 2026 por el activista Juan Esteban Guarderas contra Pabel Muñoz, por el presunto delito de concusión. Guarderas sostiene que existirían cobros periódicos a funcionarios municipales para financiar actividades políticas o una eventual campaña de reelección.
De acuerdo con su denuncia, los pagos habrían oscilado entre $ 60 y $ 120 mensuales y se habrían realizado bajo presión vinculada con la continuidad laboral de los servidores. Guarderas dijo que cuenta con testimonios, videos, conversaciones, audios e información bancaria para que sean revisados por las autoridades.
También planteó un cálculo hipotético: si 1.000 funcionarios entregaran $ 80 al mes, el total alcanzaría $ 960.000 al año. Esa cifra, sin embargo, es una estimación bajo ese supuesto y no un monto confirmado por las autoridades.
En su mensaje, Neira pidió que fiscales y jueces actúen con rigurosidad y celeridad frente a los casos mencionados.
