La resolución crea un comité que redactará una propuesta internacional. Líderes indígenas amazónicos participaron por primera vez en esta conferencia.
La Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobó en Viena, el 23 de octubre, crear un comité especial para redactar un protocolo sobre delitos ambientales transnacionales. La resolución recibió el respaldo de 83 países; 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron.
El comité preparará un proyecto para la próxima conferencia
El acuerdo abre el proceso de negociación, pero todavía no establece el protocolo. La resolución prevé cuatro sesiones del comité especial para preparar un proyecto que será presentado en la siguiente conferencia de las partes.
La propuesta contempla medidas para prevenir, investigar y enjuiciar delitos vinculados con el tráfico de fauna y flora silvestres —incluidos la madera y sus productos—, la minería ilegal y el tráfico de minerales, metales preciosos y residuos. La resolución aprobada también plantea adoptar otras medidas pertinentes frente a esos delitos.
Once países impulsaron la resolución: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, además de Mauritania, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Entre quienes votaron en contra estuvieron Venezuela, Argentina, Israel, Japón y Estados Unidos. Según el reporte, Estados Unidos presentó tres enmiendas para bloquear la iniciativa y presionó a otros países para que la rechazaran.
Representantes amazónicos expusieron amenazas en sus territorios
Más de diez representantes indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil asistieron a la conferencia. Fue la primera vez que un grupo de pueblos indígenas amazónicos participó en esta cita, donde expuso los efectos de la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y otras actividades criminales en sus comunidades.
Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo de Perú, dijo que la presencia indígena permitió plantear las amenazas y los asesinatos sufridos en sus territorios. También pidió que las próximas conferencias sobre crimen organizado reserven un espacio propio para el diálogo con los pueblos indígenas.
Brayan Mojinajisoy, líder inga del Bajo Putumayo colombiano, describió la movilidad de actores armados entre Colombia, Ecuador y Perú y señaló que la zona funciona como corredor para sus actividades. Los representantes indígenas también solicitaron que sus autoridades, sistemas de gobierno y estructuras organizativas sean incluidos en las discusiones internacionales.
La resolución reconoce la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a los esfuerzos de los Estados para prevenir y combatir delitos ambientales y la corrupción relacionada, de acuerdo con las legislaciones nacionales. Sin embargo, Sofía Jarrín, asesora de Defensa de la Amazonía Occidental de Amazon Watch, señaló que todavía no existe un mecanismo formal para su participación en las negociaciones.
La participación indígena será parte de la negociación
Alice Pasqualato, especialista en políticas globales sobre delitos ambientales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, calificó la decisión de histórica y sostuvo que reconoce delitos como el tráfico de especies y la minería ilegal como formas graves de delincuencia organizada transnacional.
Raphael Hoetmer, director del Programa del Amazonas Occidental de Amazon Watch, afirmó que la eficacia del futuro protocolo dependerá de que se discuta y diseñe con participación significativa de los pueblos indígenas. La iniciativa fue impulsada por Brasil y Perú; la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre también destacó el liderazgo de Francia en torno a la propuesta.
La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre celebró la decisión y reconoció a los países copatrocinadores y a organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la iniciativa.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
