La huelga general convocada para este 11-N, la primera impulsada por los sindicatos generalistas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa hace ocho años, ha reabierto la fractura política en España. El Gobierno de coalición progresista y sus socios la respaldan; PP, Vox y Junts la rechazan y han cargado con dureza contra las centrales.
El Gobierno y sus aliados la vinculan con avances sociales
Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz, Elma Saiz, defendió que la huelga es un derecho y pidió respeto para los sindicatos. También sostuvo que con su intermediación se han logrado reformas y avances sociales en estos años, y relacionó la protesta con la cadena de medidas y decretos de contenido social que el Gobierno quiere impulsar en la recta final de la legislatura.
Entre esas iniciativas figuran dos decretos sobre vivienda que la Diputación Permanente del Congreso debe debatir y votar al día siguiente de la huelga. Uno de ellos prevé una prórroga para el precio de los alquileres, mientras el Ejecutivo sigue buscando apoyos para sacarlos adelante.
En esa misma línea, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo y portavoz del Frente Amplio, expresó su apoyo “sincero y absoluto” a los sindicatos y llamó a movilizarse en la calle para defender esos avances frente a “los más ricos y los rentistas”.
También desde el espacio de los socios parlamentarios hubo respaldo explícito. Gabriel Rufián, de ERC, e Irene Montero, de Podemos, defendieron la oportunidad del paro y advirtieron que algunas reclamaciones, como las de vivienda, llevan meses sobre la mesa. Bildu y el BNG, por su parte, aspiraban a que la protesta tuviera una participación amplia en Euskadi y Galicia.
PP, Vox y Junts endurecen el rechazo a los sindicatos
La oposición conservadora convirtió la huelga en un nuevo frente de campaña. El PP situó a las centrales en el centro de sus ataques y les atribuyó una supuesta obediencia al Gobierno. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, presentó este martes su programa electoral con 249 medidas para la reconstrucción de España tras el 29-N, pero evitó centrarse en el impacto del paro.
En paralelo, Feijóo ya había pedido a los sindicatos que desconvocaran la huelga y, según el relato de la dirigente madrileña, le prometió a Isabel Díaz Ayuso que acabará con lo que ella llamó “basura” de los sindicatos cuando llegue al poder.
Desde el PP, Miguel Tellado elevó el tono y llegó a incluir a Unai Sordo y a Pepe Álvarez, de UGT, en la lista de supuestos ministros de Sánchez. Además, acusó a las centrales de haber estado “apesebradas” y dormidas desde hace años. El dirigente del PP también ha dicho que su partido es ahora “el de los currantes”.
Vox mantuvo una posición igual de frontal. Santiago Abascal sostuvo que la huelga “no debería ser legal” y vaticinó un respaldo muy bajo. Además, reprochó a los sindicatos haber guardado silencio durante los ocho años de mandato de Sánchez.
Junts también se desmarcó del paro. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, atribuyó la convocatoria a la respuesta sindical frente a decisiones políticas que, a su juicio, han agravado la vivienda, los salarios y los servicios públicos. En ese mismo marco, UGT quedó en el centro de la discusión pública por el papel de los sindicatos en una protesta que la derecha interpreta como parte del pulso electoral.
Feijóo también fue blanco de críticas por su pasado sindical. El recuerdo de su etapa como funcionario en Galicia, cuando lideró el sindicato Afica junto con Carlos Negreira, reapareció en medio de un debate que ha terminado por mezclar la huelga, la agenda social y la disputa por el poder.
Santiago Abascal y Pablo Bustinduy también se posicionaron públicamente en torno a la protesta, reflejando hasta qué punto el 11-N se ha convertido en una prueba política que rebasa el conflicto laboral.
La movilización llega, además, en un momento de máxima tensión parlamentaria, con el Gobierno pendiente de nuevos decretos sociales y de unas mayorías todavía inciertas para sacarlos adelante.
