La Cámara Federal de La Plata rechazó un nuevo intento de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, conocida como “Yategate”. La decisión ratificó el rechazo dictado en primera instancia.
La defensa alegó falta de objetividad
La defensa había recusado a Mola después de que el fiscal solicitara la detención de Insaurralde y de su exesposa, Jesica Cirio, tras conocerse videos con dólares en el vestidor de una vivienda en San Vicente. Los abogados alegaron “manifiesta desproporción”, “ensañamiento” y una pérdida de objetividad funcional.
El entonces juez federal de la causa, Luis Armella, rechazó el planteo. La defensa apeló ante la Cámara, cuyos jueces Emilio Faggi y Roberto Lemos Arias señalaron que las recusaciones no son apelables, salvo que exista una vulneración manifiesta del derecho de defensa.
En su fallo, los camaristas concluyeron que los argumentos presentados no acreditaban esas circunstancias excepcionales. Añadieron que la continuidad del fiscal en el proceso no basta, por sí sola, para justificar que se aparte la regla que impide apelar estas decisiones.
La investigación incluye pedidos de indagatoria
En 2024, Mola y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, pidieron que Insaurralde fuera citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También solicitaron la indagatoria de familiares, a quienes la Fiscalía considera posibles testaferros. Según la acusación, Insaurralde no podría justificar sus bienes y su nivel de vida con sus ingresos.
La causa comenzó en septiembre de 2023, después de que se conociera el viaje de Insaurralde a Marbella con la modelo Sofía Clerici, a bordo del yate Bandido. En ese momento, Insaurralde renunció a su cargo en el gobierno bonaerense durante la campaña presidencial.
La Fiscalía también pidió la indagatoria de Cirio por los videos en los que se ven dólares en cajas, cajones y bolsos. Las defensas de Insaurralde y Cirio cuestionan que esas grabaciones puedan utilizarse como prueba y sostienen que pudieron obtenerse ilegalmente o ser manipuladas. Cirio denunció una extorsión vinculada a la difusión del video.
La Cámara tiene pendientes otros asuntos del expediente, entre ellos la apelación de la Fiscalía contra el sobreseimiento de Clerici. Armella la había desvinculado al considerar que no se había determinado un vínculo económico con Insaurralde que permitiera sostener la acusación de testaferro. En su vivienda de Nordelta le incautaron 569.911 dólares en efectivo, según el expediente descrito en la información judicial.
Juan Tomás Rodríguez Ponte asumió como titular del juzgado federal de Lomas de Zamora a mediados de agosto y, el mes siguiente, ordenó una treintena de medidas de prueba.
