La ley empezará a regir el 1 de enero de 2027 y prevé sanciones de hasta 6% de la facturación mundial para quienes no cumplan.
Grecia aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años y obliga a las plataformas a aplicar controles de edad para los usuarios del país. La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y prevé multas millonarias para quienes no adopten las políticas exigidas.
La disposición alcanza a servicios como TikTok, Instagram, Facebook y X, que deberán implementar sistemas fiables de verificación de edad para garantizar que los usuarios griegos registrados tengan al menos 16 años, según el planteamiento recogido por Deutsche Welle.
Control de edad y sanciones
Las empresas podrán desarrollar sus propias aplicaciones o contratar soluciones de terceros, siempre que esas herramientas ofrezcan precisión, funcionen en condiciones reales de uso y eviten que los usuarios las eludan. Si incumplen los requisitos y no frenan de manera efectiva el acceso de menores, la ley establece multas de hasta el 6% de su facturación anual mundial.
El gobierno griego sostiene que aplicaciones estatales como Kids Wallet y Gov.gr Wallet pueden tener un papel clave en la aplicación del veto. Dimitris Papastergiou, ministro de Gobernanza Digital, explicó que estas herramientas fueron diseñadas para proteger la privacidad y reducir la recolección de datos, de acuerdo con las normas europeas.
El sitio oficial del gobierno griego señala en Kids Wallet que la aplicación permite a los tutores legales limitar o bloquear el acceso de menores a ciertas aplicaciones y servicios en línea, mientras que Gov.gr Wallet sirve para almacenar documentos digitales de identidad.
Una discusión que se extiende en Europa
La nueva normativa se apoya en el marco regulatorio europeo para los servicios digitales y en la Ley de Servicios Digitales. En paralelo, al menos siete países de la Unión Europea evalúan medidas para exigir sistemas de verificación de edad y restringir el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales.
Los promotores de esas iniciativas sostienen que la exposición temprana a estas plataformas puede afectar la salud mental y el bienestar de las infancias. Sin embargo, el debate sigue abierto sobre la efectividad de los métodos de verificación y sobre el impacto real de estas restricciones.
Papastergiou defendió la decisión al afirmar que esperar una ley europea perfecta habría significado no hacer nada frente a un problema que, según dijo, crece cada día en internet. Sostuvo que un gobierno responsable debe actuar mientras avanza la discusión comunitaria.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
