El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, otorgó a los alcaldes la facultad de imponer toques de queda parciales tras un fin de semana marcado por disturbios y saqueos en diversas ciudades del país. Esta medida se tomó luego de una reunión de crisis celebrada el lunes, en la que no se descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia nacional.
De acuerdo con las autoridades, más de 2.500 personas fueron arrestadas y cerca de 1.000 agentes de seguridad resultaron heridos durante los enfrentamientos. La agencia de noticias AFP reportó que también hubo manifestantes lesionados; uno de ellos perdió la mano a causa de una granada antidisturbios lanzada por la policía. Según la CCI, más de 2.000 comercios se vieron afectados, con daños estimados en cientos de millones de euros por su presidente, Alain Di Crescenzo.
Restricciones locales y respuesta oficial
Marsella, la segunda ciudad más poblada, prohibió las reuniones públicas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En el norte, ciudades como Lille, Douai, Wattignies y Denain decretaron un toque de queda de 18:00 a 04:00 GMT, mientras que en Coulaines la restricción se limitó a los menores de edad. En Limoges, el edificio del ayuntamiento, construido en el siglo XIX, quedó devastado por un incendio provocado por grupos violentos, lo que provocó el derrumbe de su torre del reloj y su tejado.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió que la policía había «perdido el control» en algunas zonas. Aunque intentó dimitir el domingo, el presidente Emmanuel Macron rechazó su renuncia argumentando la necesidad de mantener el mando de las fuerzas de orden. Nuñez indicó que unos 200 investigadores analizan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los cabecillas de las protestas.
Lecornu responsabilizó a «grupos radicales de extrema izquierda» de la inestabilidad y anunció la promulgación de una ley para que quienes dañen propiedades asuman los costos de reparación. Además, se creará un fondo de desempleo parcial para quienes no pudieron trabajar debido a los disturbios. Los manifestantes, que según las cifras oficiales sumaron 550.000 personas, protestaban por el aumento de precios de los combustibles, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, incluyendo la educación.
